En conversación con la 970 AM, el exministro del Interior, Rafael Filizzola, se refirió a las declaraciones vertidas en la misma emisora por Francisco de Vargas, actual autoridad de dicha cartera de Estado. Este último reveló este lunes que cometió el “pecado” de denunciar al primer citado y además de haberle pedido que devuelva un automóvil blindado que era propiedad de la institución.

“Otro de mis ‘pecados’ que hoy por primera vez voy a hacerlo público, fue haberle pedido por nota al señor Rafael Filizzola que devuelva un vehículo blindado del Ministerio del Interior que estaba en su poder cuando nosotros asumimos la administración. Nosotros asumimos en agosto del 2013”, dijo el Secretario de Estado.

Al respecto, Filizzola, quien fue destituido por Fernando Lugo -entonces presidente- en junio del 2011, contó que cuando salió de la función pública entregó el inventariado al ministro que lo reemplazaba en ese entonces, Federico Acuña, quien “días después me llama y me dice que consideraba que por las amenazas que recibía en ese entonces debía haber un blindado en mi familia”, según dijo.

El esposo de la parlamentaria Desirée Masi contó que con su pareja, al principio, rechazaron el ofrecimiento porque consideraban que conllevaría en un problema, porque “las personas podrían criticar, pero hubo una insistencia del ministro”.

Filizzola indicó que finalmente terminaron aceptando y el rodado en cuestión fue asignado a los policías que custodiaban a sus hijos. “El vehículo no se utilizó para transportar a Desirée o a mí, sino que a mis hijos”, aseveró.

Los siguientes ministros del Interior, Carlos Filizzola (su primo) y Rubén Candia, también consideraron que necesitan protección especial, ante las amenazas recibidas especialmente por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Recordó que el 3 septiembre del 2010 a las 4 de la mañana, en una conferencia de prensa dio a conocer que fue abatido uno de los principales de los líderes del EPP, y luego de 15 minutos su esposa ya recibió una amenaza de muerte en su teléfono celular. “Yo siempre recibía al correo amenazas. A mis hijos menores también los amenazaron. La propia Fiscalía antisecuestro recomendó una serie de medidas a tomar cuando yo dejé el cargo”, agregó.

En otro momento, recordó que el grupo criminal se refería a su familia como los “matones de la oligarquía” y decía como resuelve: “no descansaremos hasta ajusticiar a los traidores”.

Siguió relatando que cuando asumió De Vargas, el 16 de septiembre del 2013, pidió que se entregue el vehículo, planteando la carencia de insumos del Ministerio. “Ese mismo día le respondo y le digo que se ponga en contacto con la persona a cargo del vehículo para que se entregue. (…) Eso no tiene nada que ver con lo que ocurre actualmente (críticas de Desirée al Gobierno)”, agregó.

“Nosotros no nos quejamos (cuando se les quitó el automóvil), no salimos a hablar en la prensa. Yo entiendo que en materia de seguridad siempre hay necesidades. Si hubiese habido algún tipo de molestia -hay para más informe de fiscalía e informe de inteligencia- podíamos haber cuestionado públicamente, pero no lo hicimos. Luego hubo reducción del personal (policial). Yo nunca critiqué al Gobierno acerca de la forma en que maneja la seguridad de nuestra familia. El 90 % del tiempo con Desirée andamos sin custodia, porque nos preocupa más nuestros hijos”, comentó.

Criticó los dichos del Ministro por haber traído a colación el incidente del pasado. “Me parece muy bajo de parte del responsable de la seguridad interna del país hablar de un tema que afecta a una familia. Desirée suele andar sola, porque preferimos que nuestros hijos estén a salvo. Si este Gobierno prioriza una rencilla política, antes que una amenaza que está documentada que afecta mi familia, es jugar bajo e irresponsablemente. El se aprovecha de un incidente”, dijo además.

“Hablar, cuando está de por medio menores y una persona pública como Desirée, me parece una bajeza. Nunca un Ministerio jugó con la seguridad de las personas. Muchos rivales míos, como políticos opositores, tenían protección (cuando él era ministro), por ser blancos de los epepistas. Nosotros dejábamos de lado el debate político, y les advertíamos lo que pasaba”, indicó.

“Nosotros pasamos muy mal con las amenazas, nosotros somos los más preocupados y lo último que vamos a hacer es boicotear al Gobierno en su política de seguridad. Desirée es la última persona en que va a actuar así porque se enojó con el Ministro por tal o cual motivo”, señaló.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.