En esa fecha, el capitán de Ingeniería Enrique Piñánez y el suboficial José González Ferreira, murieron en una misión de la FTC.

La versión oficial que dieron los organismos de seguridad siempre fue confusa e iba cambiando. La historia oficial indica que el capitán Piñánez, el suboficial González y el agente de la Senad, Juan Manuel Jara, iban en una camioneta de la Secretaría Antidrogas, siguiendo a operadores logísticos de la ACA.

Esta vez vuelve a discutirse la versión de los hechos, con una supuesta carta del EPP que cuenta “la verdad” de lo que pasó.

“Los primeros días nos quisieron hacer creer, primero, que fue un accidente, después que fue un atentado”, recordó Gloria Piñánez, hermana del explosivista fallecido, quien manejaba mucha información, indicó. En el pasado, incluso llegó a pensar de que la muerte de su hermano pudo ser una quema de archivo.

“El gobierno ha mentido a los familiares, engaña al pueblo respecto a los hechos acontecidos aquel 26 de noviembre del 2014”, expresa el correo electrónico de un tal Rodrigo, supuesto miembro del EPP. El correo fue enviado a la radio Ñanduti y divulgado ayer.

La versión de los hechos que se cuenta en la carta enviada, señala que el artefacto explosivo preparado por el Capitán Piñánez debía ser activado a distancia mediante un teléfono celular, cuyo número poseía Luis Rojas, titular de la Senad.

“Fue dolorosísimo volver a leer. Después de 7 meses pensar que alguien tan cercano, pudo haber hecho eso, pudo haber sido un accidente. Tampoco puedo decir qué exactamente pasó”, dijo en la entrevista radial la hermana del explosivista muerto.

La supuesta carta del grupo armado explica así los hechos: “El EPP ha accedido a información sensible, en cuanto sigue. Entre las 19:00 a 20:00 horas, el agente Jara (el sobreviviente) pacta un encuentro en el tem 88 ubicado en Cuero Fresco, con su agente infiltrado en las filas del ACA, quien debía llevar provisiones con una bomba que estallaría una vez que esta llegara al campamento de la Asociación Campesina Armada (ACA)”.

“Una vez llegado al sitio -continúa la carta- Jara baja de su auto, camina unos metros, para encontrarse con su agente, el cual no quería que otros supieran de su identidad, segundos después el artefacto explota partiendo en mil pedazos a ambos militares. Allí no existió la impericia, ni la imprudencia de las personas que armaron dicho artefacto, sino que, en su acelerada y trastornada personalidad con complejo de Rambo, el Secretario de la Senad, Luis Rojas, activó el dispositivo, llamando al número del celular que haría explotar la bomba”, explica el correo electrónico.

Consultada en la entrevista si a la familia del fallecido le cierra más la versión del correo electrónico, Gloria Piñánez dijo que sí, “porque mi hermano no va a ser un suicida, un kamikaze”. Para la familia, indicó, lo que queda dilucidar es quién activó la bomba que mató a su hermano.

“Lo que queremos es saber la verdad. La versión oficial es que una persona en una moto tiró la mochila y explotó la bomba”, expresó la hermana del capitán fallecido.

También Gloria señala que aparte de no haberse realizado en la investigación fiscal varias diligencias, el doctor que atendió a los heridos, cambió su versión y dijo que más personas llegaron esa noche producto de las heridas de la explosión.

“No se hizo la reconstrucción de los hechos, no se les llamó a declarar a los sobrevivientes, ahora surge la versión del doctor que dice que atendió a tres y no a dos”, señaló.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.