La explosión donde murieron el capitán de Ingeniería del Ejército Enrique Daniel Piñánez Ciancio (34) y el suboficial de Infantería del Ejército José Manuel González Ferreira (39), sigue siendo confusa.

El fiscal Joel Cazal, en entrevista con Cardinal AM, dijo que tenía “elementos suficientes para decir que hay una cuarta persona”. “Estamos viendo la forma de contactar con él. El tema es que no muchas cosas voy a poder revelar por motivo de seguridad para esta persona”, aclaró.

Luis Rojas, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) insistió esta mañana en 1080 AM en la versión de que fueron tres las personas a la que afectó la explosión.

Cazal refirió que las contradicciones en la versión de los hechos obedecen a las declaraciones de uno de los sobrevivientes, el agente de la Senad, Juan Jara, quien conversó con Cazal estando muy convaleciente y en una charla breve, según indicó el fiscal. Señaló que Jara tiene ambos tímpanos perforados producto de la explosión.

“En realidad no fue una conversación en persona, fue una conversación vía telefónica”, señaló el fiscal.

Cuando le consultaron al fiscal por qué revelan la identidad de un sobreviviente (Juan Jara) y resguardan la de la cuarta persona que estuvo en el suceso, el agente del Ministerio Público argumentó que Juan Jara es conocido, ya que se trata de un jefe de operaciones, mientras que la cuarta persona no es conocida.

SOBRE LAS DECLARACIONES DE LA HERMANA DEL CAPITÁN PIÑÁNEZ

Gloria Beatriz Piñánez, hermana del capitán Enrique Piñánez, dijo que a su hermano lo ejecutaron porque “sabía mucho” y “hacía bien su trabajo”. Culpó al Gobierno de encubrir la “ejecución” y dijo que la bomba que explotó en Cuero fresco, dentro de la camioneta, fue detonada para borrar la evidencia.

El coronel Roberto Piñánez, hermano del fallecido capitán Enrique Daniel Piñánez, fue notificado y sabe cómo ocurrieron los hechos, señaló Cazal. El militar le transmitió a su familia todo lo que pasó. Además Cazal dijo que le preguntaron al coronel Roberto Piñánez por qué su hermana hizo esas declaraciones y este refirió que lo desconocía.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.