Al proyecto de ley “que regula la organización de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay”, aprobado el 18 de septiembre por el Senado, se le han agregado elementos “que desvirtúan totalmente su espíritu, proporcionalidad y viabilidad práctica”, según un comunicado de las principales organizaciones del sector.

“Aún más grave, su aprobación en la condición actual (en la Cámara de Diputados), podría facilitar el desvío de fondos a través de organizaciones no existentes, pensadas con el único objetivo de desviar los fondos destinados por el Estado para los Cuerpos de Bomberos Voluntarios”, aseguran en el escrito.

El proyecto de ley fue presentado originalmente en febrero de este año tras ser consensuado entre las organizaciones y los senadores del gobernante Partido Colorado Arnoldo Wiens, Julio Cesar Velázquez, Nelson Aguinagalde, el liberal Fernando Silva Facetti y Desirée Masi.

La intención inicial del proyecto era que los bomberos dejen de ser una entidad civil y reciban presupuesto del Ministerio del Interior.

El texto debe pasar ahora a la Cámara de Diputados, donde los representantes de los 130 cuarteles de bomberos esperan que se rechacen las modificaciones hechas por el pleno del Senado y se apruebe el texto original.

Unas 6.000 personas son bomberos voluntarios en Paraguay, según Wiens.

“Voluntariamente trabajan por el país y no reciben sueldo y están dedicando este servicio que a veces ni es reconocido por la ciudadanía ni las instituciones de seguros, o las empresas, y con esta modificación lo que se está queriendo hacer es justicia”, añadió cuando presentaron el proyecto original.

En diciembre pasado, una caravana de camiones de los Bomberos Voluntarios desfiló por las calles de Asunción para denunciar con sus sirenas que llevaban siete meses sin recibir los fondos del Estado necesarios para mantener sus operaciones.

Para mantener en funcionamiento los camiones y cuarteles, los encargados de apagar incendios y salvar vidas se ven obligados a vender boletos de rifas en los semáforos y hacer campañas de recaudación apelando a la voluntad de la gente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.