“Recibimos el apoyo del Presidente, y esto nos fortalece en demasía. Es un sueño largamente acariciado, siendo en el plano personal algo que reconforta”, expresó el ministro de Salud, Julio Borba.

Borba detalló que, está pensado que para los más de 3.227 médicos permanentes que aplicarían al concurso simplificado en esta primera etapa, la cual se desarrollará de la siguiente manera:

• El proceso simplificado (documental) se efectuará bajo la modalidad AD REFERENDUM, sujeto a las gestiones administrativas pertinentes a cargo del Ministerio de Salud, conforme a la normativa legal vigente, y que durará hasta su culminación, no más de 60 días. 

• Los profesionales deberán formar parte del Anexo del Personal del Ministerio de Salud Pública, que tengan una antigüedad mínima de dos (2) años como funcionario permanente.

• Se establecerá niveles salariales, orientándose a un sistema escalafonado, el cual irá sufriendo variaciones positivas por cada 5 años de antigüedad, computándose desde su ingreso al Ministerio de Salud.

• La base salarial, es decir el primer nivel, estará constituido por el salario vigente (G. 5.400.000), al cual, en el sexto año de antigüedad, sufrirá su primera modificación y así sucesivamente hasta los 21 años de antigüedad, donde llegará al máximo nivel salarial, hasta el momento de la jubilación. 

• Se prevé incorporar a partir del segundo nivel (de 6 a 10 años de antigüedad) la universalidad de la carga horaria; es decir, todo médico que ingrese al escalafón con una antigüedad de 6 años o más deberá cumplir la carga horaria de 12 horas semanales por cada vinculo (1 vinculo = 12h./ 2 vínculos = 24h./ 3 vínculos = 36h.).

• El monto de inversión para este semestre será de G. 57 mil millones.

Además, el titular sanitario remarcó que se introducirá el pago de una suma en reconocimiento del grado de especialización en el área de medicina, otorgándose un pago al profesional que realizó una residencia médica que lo convierte en especialista.

Agregó, que el médico nombrado de la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) también está contemplado dentro de este proceso y, por ello, tendrá el reconocimiento de su carga horaria. 

Finalmente, el ministro reafirmó el compromiso de de seguir trabajando en pos de las reivindicaciones históricas del personal del blanco.

“Continuaremos con las convocatorias de desprecarización, incorporación de recursos humanos para reducción de brechas, así como la aplicación de la universalidad de la carga horaria de cada grupo ocupacional. Reconociendo la vocación de servicio de mis colegas, estoy seguro que lograremos forjar la Salud Publica”, destacó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.