Cinco personas fueron enviadas a la Comisaría 12 Metropolitana tras incidentes con la Policía Nacional, al intentar impedir que la maquinaria de la empresa que llevará adelante la obra del Corredor Vial Botánico ingrese al Jardín Botánico.

La activista Rosa María Bogarín mencionó a la radio Universo 970 AM que los ciudadanos están “resistiendo al avasallamiento del MOPC”. Aseguró que aún no está vigente una medida cautelar presentada ante la justicia.

La ciudadana mencionó que no permitirán el avance de las obras, bajo ninguna circunstancia, especialmente luego de que el sitio fuera declarado como patrimonio del Mercosur.

El Ministerio de Obras informó que la obra Corredor Vial Botánico cuenta con el protocolo de intervención patrimonial, aprobado por la Secretaría Nacional de Cultura, también cuenta con las licencias otorgadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con los permisos emitidos por la Municipalidad de Asunción.

El Corredor Vial es una obra urbana que agilizará la circulación de 40 mil vehículos por día, lo que significa que 100 mil ciudadanos pasarán 1 hora menos en el embotellamiento que se forma en la zona del Botánico de Asunción.

En estos momentos se ejecutan tareas preliminares, como la colocación del vallado perimetral, la inspección con georadar, la arborización y el diagnóstico arqueológico preventivo. Como parte de la compensación, el Botánico recibió 32 hectáreas, de parte del Ministerio de Defensa. Y, por cada 1 árbol involucrado, se plantarán 10. Ya se plantaron 670 árboles de Pindó en la Costanera Norte y se avanza con la plantación de 1.485 árboles más en el paseo central del lugar.

La obra incluye la construcción de dos viaductos, uno con una longitud de 1350 m y el segundo de 450 m. El viaducto más extenso adsorberá el 70% del tránsito de la zona, lo que significa que 30 mil vehículos circularán por arriba, lejos de las casas de los vecinos.

El proyecto le devolverá el espacio al ciclista y al peatón, ya que contará con amplias veredas y un carril exclusivo para bicicletas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.