Estando en plena fase experimental, la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados realiza una sugestiva interpretación de la ley, al anunciar que rematará sin contar con una orden judicial, en violación al artículo 23 de la ley de la Senabico, que habla sobre las ventas anticipadas.

Dicha normativa establece que para vender los bienes incautados se debe contar con un aval expedido por un magistrado. En este caso, se obvió este paso.

La titular de Senabico, Karina Gómez, fue consultada al respecto por la 650 AM. La misma defendió que está habilitada para vender 900 de las 12 mil cabezas de ganado de la Agroganadera Chai S.A., empresa incautada cuya administración se encuentra a cargo de la institución.

“Si no se venden esos animales, se corre el riesgo de que pierdan su valor por alguna enfermedad o muerte. No hace falta una autorización judicial para rematar los animales. Si yo fuera la verdadera propietaria de la empresa, estaría contenta porque el patrimonio se va incrementar. Estoy tranquila, la Ley me ampara. Dentro de todo tipo de interpretaciones que hacemos lo que se busca es que la Ley sea lógica”, esgrimió.

El remate del ganado de la Agroganadera Chai (propiedad del prófugo Darío Messer) es organizado por la empresa Everdem y se realizará el día lunes 12 de noviembre, en el Salón Social de la ARP desde las 20:30.

PIDEN QUE SE CUMPLA LA LEY

Por su parte, Leticia Bóveda, abogada de Messer, señaló que la normativa es clara: se debe contar con una orden judicial para proceder al remate.

“Nosotros solamente queremos que se cumpla la Ley, yo entiendo que ella (Karina Gómez) quiera vender los animales porque se pueden perder, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Debió pedir autorización judicial, aunque sea actividad normal de la empresa, de lo contrario está incurriendo en mal ejercicio de sus funciones”, resaltó en charla con la misma emisora.

Senabico tomó intervención de un total de 10 mil hectáreas del empresario prófugo de la justicia paraguaya y brasileña.

Así también tomó posesión de tres bienes que fueron incautados del procesado judicialmente Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien está recluido bajo el cargo de tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre sus bienes está la fastuosa quinta ubicada en la localidad de Juan E. O’Leary, en el departamento de Alto Paraná y que se asemeja a la legendaria hacienda “Nápoles” del ya desaparecido poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.