Brasil investiga nacionalidad de “Neneco” Acosta
Río de Janeiro. La Policía investiga si el exintendente de Ypejhú, detenido en Brasil y acusado de asesinar a un periodista de su país tiene también nacionalidad brasileña, lo cual puede hacer inviable su extradición, informaron hoy fuentes oficiales.
“Lo primero que vamos a hacer es investigar la real situación de esa persona en Brasil; si realmente tiene nacionalidad brasileña y si estaba legalmente en el país”, dijo a Efe un vocero de la Policía Federal en Campo Grande, la capital de Mato Grosso do Sul, estado brasileño fronterizo con Paraguay y Bolivia.
El exalcalde de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta Marques fue detenido el miércoles en Naviraí, ciudad de Mato Grosso do Sul, fronteriza con Paraguay, en una operación de la Policía Civil regional que contó con el apoyo de organismos paraguayos de inteligencia.
Acosta Marques, prófugo de la justicia, está acusado de ser el autor intelectual del atentado de octubre del año pasado en el que murieron Pablo Medina, periodista del diario Abc Color, y Antonia Almada, su asistente.
También está imputado por producción, acopio y tráfico de marihuana.
Medina, corresponsal del Abc Color en Canindeyú, departamento fronterizo con Brasil, se había destacado por sus investigaciones sobre los nexos del narcotráfico con políticos locales.
El político, vinculado al oficialista Partido Colorado, se identificó ante la Policía en Naviraí como Vilmar Marques (en Brasil las personas se identifican con el segundo apellido) y alegó tener nacionalidad brasileña.
Costa fue trasladado el mismo miércoles desde Naviraí hasta Campo Grande, en donde fue recluido en celdas de la Policía Federal mientras se aclara su situación legal en el país.
“Será mantenido bajo custodia en Campo Grande mientras establecemos su real situación. Tenemos informaciones de que tiene nacionalidad paraguaya y nacionalidad brasileña y eso es lo que queremos definir”, afirmó el vocero de la Policía Federal consultado por Efe.
La misma fuente aclaró que Acosta Marques fue detenido con base en una orden de captura expedida por la justicia paraguaya y que constaba en la base de datos de la Interpol, y no por una orden de detención con fines de extradición que hubiese sido dictada en Brasil.
Agregó que la posible nacionalidad brasileña del acusado impide jurídicamente la extradición, pero alegó que “todo dependerá de las circunstancias”.
Las autoridades paraguayas, que ya iniciaron trámites para solicitar la extradición, alegan que el documento de identidad brasileño de Acosta Marques es falso, ya que supuestamente fue solicitado después de que el político fuera registrado como nacido en Paraguay.
Según el ministro del Interior de Paraguay, Francisco de Vargas, el Gobierno puede comprobar la nacionalidad paraguaya de Acosta Marques ya que para su candidatura a la Intendencia de Ypejhú presentó su documento como ciudadano paraguayo.
El exalcalde de Ypejhú era buscado en Brasil debido a que la policía sospechaba que estuviese escondido en la casa de unos parientes suyos residentes en el país vecino.
Su hermano Wilson Acosta y su sobrino Flavio Acosta, también prófugos de la justicia e igualmente imputados como autores materiales del doble homicidio, son buscados en Brasil, mientras que Arnaldo Cabrera, chofer del político y también sindicado, fue capturado el pasado 8 de diciembre.
La muerte de Medina y Almada puso en evidencia supuestas conexiones entre narcotraficantes y políticos oficialistas de distintos niveles en Paraguay, que ya son investigadas por el Congreso de nuestro país.
El Neuro se transformará en “Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas”
El Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, mediante la nueva ley de Salud Mental. Para el efecto, se implementó un sistema de coordinación para dirigir a pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia.
El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.
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El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.
Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.
Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.
Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.
“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.
Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
Alertan sobre ofertas laborales fraudulentas en Internet
El Ministerio de Trabajo advirtió sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en Internet que podrían estar vinculadas a actividades delictivas.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en internet.
A través de un comunicado, la institución indicó que estas propuestas pueden parecer atractivas inicialmente, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.
Para protegerse, el ministerio recomienda evitar hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, no proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta, realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional, y verificar la veracidad de las ofertas laborales, comprobar la existencia de la empresa que las publica y, si fuera necesario, buscar asesoramiento de expertos antes de aplicar a cualquier posición, ya sea dentro o fuera del país.
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