• Unidad de Investigación Nación Media

El Ministerio Público de Brasil remitió a la Fiscalía paraguaya los extractos de conversaciones entre el presunto narcotra­ficante capturado en la ope­ración Turf Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y Arnaldo Giuzzio, ex minis­tro de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior. De esta forma queda en evi­dencia que el ex referente del combate al narcotrá­fico del gobierno de Mario Abdo Benítez estaba estre­chamente ligado a un sos­pechado de integrar una organización de tráfico inter­nacional de drogas.

Después de la detención del presunto narcotraficante brasileño en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, las auto­ridades del vecino país acce­dieron al teléfono celular del indagado y, tras un peritaje, encontraron los mensajes que este intercambiaba con el ex ministro. Los contactos entre ambos se iniciaron por el mes de julio del 2021, según los documentos.

Luego del análisis de las evi­dencias, los agentes fiscales Alicia Sapriza y Osmar Legar, de la Unidad contra el Crimen Organizado, presentaron imputación contra Arnaldo Giuzzio por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado en calidad de autor.

Las conversaciones, reunio­nes e intercambio de favo­res entre el presunto narco en ese momento más bus­cado por el Brasil se dieron en momentos sensibles de trabajos de inteligencia de A Ultranza Py, investigacio­nes que sufrieron importan­tes filtraciones de datos que ayudaron a zafar a los con­siderados grandes jefes de organizaciones criminales.

Los chats vía Whatsapp remitidos por la Fiscalía en el marco de una coopera­ción internacional dan cuenta que Marcus Vinicius man­tuvo una serie de reuniones y conversaciones clave con el entonces ministro del Inte­rior con la presunta inten­ción de poder acceder a con­tratos con el Estado en calidad de proveedor. En las conver­saciones incluso se mencio­nan trabajos realizados como “cortesía” en el marco de las tratativas para ingresar a las licitaciones públicas.

Luego de hablar de negocios de “inversiones empresaria­les” en el Brasil, el presunto narco, propietario de las empresas Black Eagle (dedi­cada al rubro del blindaje de vehículos) y Ombu (renta de rodados), le pide a Giuzzio si podía enviar a Ciudad del Este una camioneta Hyun­dai Santa Fe para “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”. La respuesta de la autoridad fue: “Veo”.

Continuando con el lobby, en noviembre del año pasado, el supuesto jefe narco le avisa al jefe de la cartera de seguri­dad que estará por Asunción para realizar las pruebas de los chalecos antibalas que pretendía vender al Estado.

Además, tanto el entonces ministro del Interior como el ex viceministro de Segu­ridad Interna, comisario Pablo René Ríos, visitaron in situ el local de Black Eagle en Ciudad del Este, algo que para Vinicius fue “demasiado importante”.

Pero, como si fuera poco, Giuzzio también dejó en mano del presunto narcotraficante los tres vehículos tácticos de la Policía Nacional y que son uti­lizados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el com­bate a los grupos terrorista que operan en la zona norte del país. Uno de los rodados fue reparado por “cortesía”.

Marcus Vinicius reporta al ex ministro sobre las condicio­nes de los vehículos, e incluso con cierto tono de confianza le menciona que a uno de ellos le falta “cariño, amor”. Un dato no menor es que el supuesto narco estuvo en la misma base de operaciones del Grupo Halcón, que forma parte de la FTC.

Incluso, al parecer habría un pedido de intermediación en una causa penal, ya que Padua remite el link de un artículo periodístico sobre el Lava Jato y Giuzzio le responde: “Gra­cias, Marcus”, y seguidamente agrega: “Les hablo”. Luego, el brasileño le detalla el nom­bre de “Antonio da Motta”, el ministro le consulta: “¿Es el caso?, y el otro le confirma.

En otra comunicación, el ministro del Interior le informa al presunto narcotra­ficante sobre la premura que tienen por una visita clave, detallando que el visitante es nada más y nada menos que el agregado de defensa a la Embajada de la República de Israel en la República de Chile y concurrente de la Repú­blica del Paraguay, coronel Eran Gabay.

El 26 de diciembre pasado, Arnaldo Giuzzio empren­día un viaje por el Brasil, pero su vehículo tuvo pro­blemas mecánicos y recu­rrió al presunto narco para poder continuar su viaje. Marcus Vinicius le deriva la asistencia al gerente de la empresa Ombu, Gilberto Enciso, que iba a acercarle la camioneta Kia Carnival para que continúe su viaje.

Según el acta de imputación, el vehículo en préstamo, a título gratuito, por Giuzzio, le fue entregado en Ciudad del Este con los documentos res­paldatorios y un contrato de alquiler, a los efectos de que le sirviera de permiso para conducir, ya que la camio­neta fue en realidad pres­tada y no arrendada, puesto que el mencionado rodado era del uso personal de la esposa del brasileño.

Pero como si fuera poco, tras finalizar sus vacaciones, Giuzzio llegó hasta Asunción con la camioneta prestada, porque el presunto narco le dio esa facilidad para su mayor comodidad y no devol­verla en Ciudad del Este.

Para la Fiscalía, esta y otras gentilezas de reparación de vehículos el presunto nar­cotraficante Marcus Vini­cius otorgaba al entonces ministro del Interior para que en el futuro sea benefi­ciado con alguna licitación de la cartera de seguridad y ser proveedor del Estado.

Por último, el Ministerio Público sostiene que Giuzzio habría utilizado rubros dis­tintos para el manteniendo de los vehículos tácticos, sin que exista un proceso licita­torio y contrato de adjudica­ción a favor de las empresas de Marcus Vinicius.

Estos vínculos se fueron desarrollando en paralelo a las tareas investigativas de la operación A Ultranza Py y el operativo Smart, que inda­gaban a la organización que supuestamente encabezaba el uruguayo Sebastián Marset.

Los informes de inteligen­cia dan cuenta de una serie de filtraciones de informa­ción sensible a favor de los narcotraficantes, y dos de esos avisos de investigacio­nes se presume que salie­ron desde el Ministerio del Interior, a cargo de Arnaldo Giuzzio, siempre según se lee en las desgrabaciones de las escuchas de conver­saciones entre elementos del cártel investigado.

Además del reporte que la Senad remitió al Ministerio Público, sospechosamente no relaciona a Marset con Lindomar Reges Furtado, que, según inteligencia bra­sileña, tendría como princi­pal aliado a Marcus Vinicius. Lo llamativo es que la Policía sí logra evidenciar reuniones de negocios entre Lindomar y el uruguayo.

A la par de las filtracio­nes, ahora se comprueba en los reportes del Minis­terio Público del Brasil una relación continua entre el ex ministro del Interior y el presunto narco Padua, que se corta con el operativo Turf, donde este último es detenido en Foz de Yguazú, y Lindomar se fuga sin mucho esfuerzo del cerco de la Senad en el Paraná Country Club.

En la noche del lunes 14 de febrero del 2022, un día antes de la operación Turf, Giuzzio envió un extraño mensaje a Marcus Vini­cius en el que indicaba que el miércoles debía enviar a su gente para cobrar. El brasileño le dice que se equivocó de Marcus, pero el ex ministro le responde que “cree” que le debe el pago por otra camioneta. Finalmente, le indica que el gerente de Ombu manejaba todo lo refe­rente al cobro. Horas después, Marcus Vini­cius fue capturado por la Policía Federal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.