• Por Aldo Benítez, aldo.benitez@gruponacion.com.py
• Fotos: Nadia Monges

La tarde se muestra tranquila en el Buen Pastor. Un grupo de mujeres trabaja en la confección de bolsas y carpetas de cartón como parte de un proyecto de trabajo social que tiene la penitenciaría con siete empresas privadas. Es jueves y, por lo general, las mujeres reciben visitas hasta cerca de las 16:00. Están las hermanas, hijas, hijos, madres y padres. Las despedidas son esos abrazos fuertes, pero que a pesar de la alegría por ese momento, terminan siendo tristes. Lo que duele del encierro, dicen las mujeres, es el olvido.

De eso puede dar fe Manuela L. (nombre ficticio), una de las internas que se encargan del proyecto con los cartones. Manuela trabaja con los cartones hace siete años. Tiene puesta una remera con la insignia “kuña mbarete” (mujer fuerte) y habla con entusiasmo de los trabajos, del proyecto, de los sueños de sus compañeras.

Dice, por ejemplo, que gracias a este trabajo y al convenio con las empresas, las mujeres que cumplan con su condena ya tienen un lugar seguro de trabajo al salir en libertad. La producción es alta: al menos 4.000 carpetas y similar cantidad de bolsas salen del lugar por semana gracias al trabajo de la docena de mujeres.

Manuela está hace 11 años en el Buen Pastor cumpliendo una condena de 25 años. En todo este tiempo no ha recibido la visita de un solo familiar.

El Buen Pastor tiene capacidad real para albergar a unas 300 mujeres, pero ahora tiene 459 internas. “Estamos hace cuatro meses y con números históricos: 149 libertades hemos entregado en este tiempo, una cifra récord”, expone Shirley Talavera, la directora del penal que asumió dicho cargo en junio de este año.

El dato mencionado por Talavera es revelador. El 90% de estas 149 libertades otorgadas correspondía a mujeres que ya superaron los seis meses de prisión preventiva que deben cumplir tras ser arrestadas en operativos o investigaciones relacionadas al tráfico de estupefacientes o drogas peligrosas, según lo que enmarca la Ley 1.340 de 1982. Esta normativa, que nació para actualizar la 357 de 1972, reprime el tráfico ilegal de drogas y dispone además medidas preventivas para evitar su comercialización. Sin embargo, en la práctica, como tantas otras leyes, las medidas preventivas en el caso de las drogas son letras muertas.

El doctor Édgar Artaza, jefe del Departamento Judicial de la penitenciaría, explica con más detalles sobre este fenómeno. “El problema que encontramos es que hay demasiadas mujeres que están como procesadas, la mayoría en casos de microtráfico, pero que ya pasaron el período establecido para que la Fiscalía pueda hacer una acusación. En ese sentido, el Código Penal es muy claro. Son seis meses para que la Fiscalía pueda hacer una imputación o pedir una prórroga de dos meses más, en casos especiales. Encontramos un caso en el que una mujer ya estaba hace 10 meses sin que su proceso haya avanzado en nada”, expone Artaza.

SER MUJER Y POBRE

Lo que cuenta Artaza pinta una realidad en este tema del mundo penitenciario, que se cumple para los hombres y para las mujeres. La cárcel se convierte en un verdadero calvario para los que no tienen recursos económicos. En las mujeres, esta situación adquiere un carácter más dramático. En la mayoría de los casos, las investigaciones no apuntan directamente contra ellas, sino que son detenidas por ser pareja de los hombres que están siendo buscados. Pero van mínimamente como cómplices.

El proceso judicial, en muchos de estos casos, sobrepasa absolutamente los seis meses que establece el Código Civil para establecer, cuanto menos, una imputación contra estas personas. Pero siguen encerradas.

El caso de María V. (nombre ficticio), quien ingresó a la penitenciaría hace apenas dos meses, es un claro ejemplo. Ella tiene 28 años, sin ningún antecedente policial. Cuando la detuvieron, fue en la casa de su novio. “Justo el día en que me mudé para ir a vivir con él. Yo ahí entendí la gravedad del tema, pero no pensé que él estaba en ese mundo directamente. Para mí fue un golpe muy grande porque yo estaba trabajando, estudiando y me pasa esto”, expone María.

A su pareja, que ahora está en Tacumbú, lo procesaron por tenencia y comercialización de drogas peligrosas. Ella fue incluida en la misma carpeta investigativa. “Yo no formé parte de nada. No consumo, no trabajo en eso. Necesito por favor que se investigue el caso para que se sepa que realmente yo no tengo nada que ver”, expone.

María está desde julio pasado en el Buen Pastor. Dice que consiguió un abogado privado que le está asesorando, pero que hasta ahora no hay avances significativos en su caso. Si bien sabe que está vigente el período de seis meses, asegura que es un tiempo muy largo para alguien que no ha participado en ningún delito. “Esto frenó mi vida”, expone.

Como el caso de María hay cientos en el Buen Pastor. “Te puedo asegurar que el 90% de las mujeres que están acá viene por tenencia y comercialización de drogas. Y de este porcentaje, muchas están acá porque eran pareja de la persona que realmente traficaba”, dice Artaza.

De las 459 mujeres que están en el Buen Pastor, las que tienen condena suman 157, apenas el 37% del total de la población carcelaria. Esta cifra, sin embargo, es muy superior al promedio que se mantiene en las otras ocho penitenciarías de mujeres del país, donde se llega al 26% de mujeres sentenciadas, según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).

Según un informe elaborado por Diana Vargas para el MNPT, del 2017, seis de cada diez mujeres se encuentran recluidas en el sistema penitenciario por una causa de narcotráfico. Además, este documento resalta que existe una desproporcionada relación entre las mujeres que están procesadas por este tipo de hechos punibles contra la cantidad que ya se encuentra con sentencia.

El Buen Pastor, que es la principal penitenciaría para mujeres, tiene a 302 mujeres que aparecen como procesadas. Y en estos guarismos se esconden las historias que hacen a la cárcel una verdadera fábrica de historias. El denominador común de estas mujeres procesadas es la pobreza. La mayoría no tiene para pagar un abogado privado, por lo que depende de la Defensoría Pública, que debe designar a un abogado público para que ejerza la defensa de estas procesadas.

“Yo estoy hace un año y siete meses y todavía no tengo condena. Mi caso también tiene que ver con comercialización de droga. Pero no tengo abogado, así que solo tengo que esperar”, dice Lorena (nombre ficticio).

Lorena se sienta en uno de los canteros del patio principal de Buen Pastor. Tiene 27 años y dos hijos a los que no ve desde que ingresó al penal. Al menos sabe que están bien. Ella casi no recibe visitas.

Lorena se declara adicta. Dice que empezó con el tema de las drogas desde los 12 años, tratando de sobrellevar una cuestión muy pesada. Cuando tenía ocho años, su hermano mayor la violó. Según Lorena, eso le afectó mucho. Más aún el hecho de que en su casa nadie le creyó en su momento y menos aún con el paso de los años.

Ahora Lorena no sabe qué esperar. Dice que habla con las autoridades de la cárcel para entender un poco su caso, aunque entiende que no es fácil. Sabe que tiene antecedentes por asaltos. Cuenta que para comprar crack u otra droga se sentía en la necesidad de robar para poder drogarse. Es algo que no desea a nadie, dice, porque perdió todo lo que tenía en su vida por culpa de las drogas.

Lorena, sin embargo, encuentra en el Buen Pastor una oportunidad. Trabaja todos los días en el proceso de carpetas y bolsos de cartones y asegura que desde hace un año que no consume droga. Llora cuando habla de sus dos pequeños hijos. Asegura que buscará rehacer su vida a partir del trabajo, pero necesita al menos saber cómo va su proceso, saber si podrá proyectarse algo a futuro sabiendo una condena. Al menos, quiere saber cuántos años estará en la cárcel.

Una música vallenata invade el amplio galpón donde funciona uno de los talleres de confección, bordados, entre otros. A este lugar acuden al día unas 60 mujeres. Los trabajos, en su mayoría, son exportados a Europa gracias a un convenio que tiene el instituto penal con la Fundación Princesa Diana, que desde hace cuatro años trabaja con esta promoción laboral para las internas.

Al igual que este, hay otros proyectos de reinserción laboral que se realizan en el Buen Pastor como el Proyecto Ana, que se dedica exclusivamente a trabajar con pintura de cerámica. O el de Kuña Katupyry, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que trabaja hace 10 años en el penal con bordados y costura. Rocío Rojas Sosa, la encargada de hacer los cursos y supervisar los trabajos, dice que en todo este tiempo 436 mujeres han cursado y trabajado en el taller.

“Nosotros tenemos el orgullo de decir que tenemos a 180 mujeres que salieron de acá y están trabajando en esto ya en sus casas, con sus propios emprendimientos”, asegura Rojas Sosa.

En otra parte del pabellón, entre pasillos y camineros, pasando por celdas, pequeños almacenes y mujeres que están con sus pequeños hijos, está la peluquería. Allí se hacen cursos con certificación profesional. Las clases se imparten todos los días. “Yo soy peluquera. Ingresé al Buen Pastor hace dos años y algo y ya estoy por tener mi salida ambulatoria. Gracias a esto yo pude sobrevivir acá. No es fácil; por suerte esto me dio las fuerzas para seguir porque es lo que yo quiero hacer”, dice Gloria (nombre ficticio), una de las encargadas de esta peluquería.

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Talavera, la directora del penal, reconoce que hay sobrepoblación, pero asegura que están haciendo el máximo trabajo al alcance para que se pueda liberar a la gente que no tiene sentencia firme. En esa misma línea se expresa Artaza, quien asegura que mueven a todos los defensores públicos posibles para que atiendan los casos de sus defendidas.

En el Ministerio de Defensa Pública, sin embargo, la cosa no se presenta fácil. Hay 402 defensores públicos operativos para todo el país. Y en los departamentos de Central y Amambay, los casos sobrepasan la capacidad de gestión de los que están en turno. La cuestión requiere de una política de Estado.

Según registros oficiales del Viceministerio de Política Criminal, en todo el país hay 302 mujeres procesadas por tenencia o comercialización de drogas peligrosas. En la mayoría de estos casos aún no hay sentencia.

Otra situación difícil es el de las mujeres con problemas mentales. Son 74 que están en el Buen Pastor, a pesar de que no haya las condiciones ideales para ser atendidas. Sin embargo, en la penitenciaría se las ingenian para poder darles la atención mínima que requieren.

La doctora Cecilia Pérez, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, habla de la necesidad de una política de Estado con respecto a las cárceles, tanto de hombres como de mujeres. Dice que existe un proyecto sobre el que están trabajando ahora para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Están buscando los mecanismos más cortos y efectivos, asegura Pérez.

A unos metros del equipo periodístico de La Nación, una de las mujeres mira con desconfianza. Escucha la conversación con las otras internas. Parece que quiere hablar. Se acerca. En principio duda. Después, habla.

Se llama Josefina (nombre ficticio), tiene 22 años y está en el Buen Pastor desde marzo de este año. Es su segundo ingreso. La vida de Josefina está cargada de situaciones adversas. A los 14 años fue mamá. Un par de años después se inició en el mundo de las drogas. La echaron de su casa. Empezó a vivir por las calles y a robar. No tenía otra opción, dice.

“Mi sueño siempre fue ser bailarina. Cuando era chica estuve en programas de televisión”, dice Josefina.

Asegura que en el Buen Pastor la conocen como “la bailarina” porque siempre que puede, baila. En cualquier homenaje o evento especial. Dice que es muy difícil salir del tema de las drogas porque le carcome la mente a uno. “Yo me metí crack, chespi, cocaína, todo. Por culpa de eso, robé y llegué a matar”, expone.

Su caso ahora está en el limbo judicial como el de muchas otras mujeres. Sin embargo, Josefina dice que tiene todas las ganas de reivindicarse. Por ella, por los tres hijos que ya tiene. Por demostrar que se puede salir desde lo más oscuro.

Josefina habla con verborragia. Muestra en sus brazos todos los intentos de suicidio que fue acumulando con los años. Tiene una pequeña radio portátil colgada al cuello.

Así acaba una tarde cualquiera en el Buen Pastor. Las mujeres se apuran para comprar sus cosas de los almacenes. Se cierran los talleres. Se escuchan los barrotes de los diferentes sectores. Para las 18:30 ya todas deben estar en sus celdas esperando un nuevo día.

El equipo de La Nación se apresta a salir. Josefina se despide y hace un pedido: “Contá mi historia, quiero que la gente sepa que voy a salir de esta”.

TRABAJAR EN NUEVAS REGLAS

La doctora Cecilia Pérez, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, señala que es urgente y necesario trabajar en un enfoque femenino en este fenómeno que se da con las mujeres en el microtráfico.

“En Panamá y Costa Rica se hicieron modificaciones legales con relación a la propia legislación que tiene que ver con las mujeres y el tráfico. Por ejemplo, se tiene en cuenta si son madres cabezas de familia, si estaban en extrema pobreza, si eran víctimas de violencia y si en ese marco fueron arrastradas por sus parejas para cometer el hecho punible” expone Pérez.

Esto derivó en que una de las principales modificaciones en los citados países sea que la prisión preventiva no aparece como la pri mera medida o regla establecida en caso de mujeres vinculadas al microtráfico, dependiendo siempre del contexto y de la investigación policial sobre los casos.

No establecer la prisión preventiva como primera medida en nuestro país no es posible, ya que la Ley 1340, que es el tipo base para nuestra legislación, califica la tenencia o comercialización de drogas peligrosas como crimen, por lo que es difícilmente excarcelable.

Según Pérez, están trabajando justamente en buscar modificar estas medidas para tener un enfoque que estudie el contexto de cada mujer que está vinculada a estos hechos punibles.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.