Alejandro Burzaco, empresario argen­tino propietario de Torneos y testigo clave, así como Santiago Peña, ex gerente administrativo de Full Play, dijeron que no pagaron coimas directa­mente a Juan Ángel Napout, ex presidente de la Asocia­ción Paraguaya de Fútbol y de la Conmebol. Esto se des­prende de la declaración rea­lizada a la Fiscalía de Estados Unidos, en la Corte Federal para el Distrito Este en Broo­klin, Nueva York, en el marco de la investigación de hechos de soborno que salpican a la FIFA.

El jueves 16 de noviem­bre último, tras dos días de declaración bajo las pregun­tas de la Fiscalía, Alejandro Burzaco inició el cruce de preguntas por parte de John Pappalardo, abogado de Juan Ángel Napout. Durante este cruce, Pappalardo buscó demostrar algunas de las contradicciones en la decla­ración del empresario argen­tino y quitarle credibilidad al testigo estrella de la Fiscalía norteamericana.

Los cuestionamientos del abogado se iniciaron con el modo de pago de las supues­tas coimas entregadas a Napout. Tras la insistencia de Pappalardo, Burzaco dio estas respuestas a las pre­guntas:

–Pappalardo: ¿Usted nunca ha transferido personalmente dinero al señor Napout?

–Burzaco: Nunca he transferido dinero al señor Napout

(…).

–P: Señor Burzaco ¿Usted nunca ha creado cuen­tas offshore para el señor Napout? ¿Esto es cierto?

–B: Nunca he creado una cuenta offshore al señor Napout

(…).

–P: ¿No es cierto, señor, que usted nunca creó contratos falsos para el señor Napout?

–B: Nunca preparé un con­trato falso para el señor Napout.

Burzaco también respondió que nunca pagó una bolsa de dinero a Napout. A pesar de esto, dijo que los supuestos pagos a Napout habían sido realizados a través de ter­ceras personas y diferentes empresas, sin poder confir­mar personalmente que el dinero llegó a él. Según Bur­zaco, él podía saber que llegó el pago de la coima luego que Napout enviaba los contra­tos correspondientes.

EL TRATO DE BURZACO

Pappalardo también insis­tió sobre cuál era el acuerdo al cual llegó con la Fiscalía con su declaración de cul­pabilidad. Burzaco admitió que tuvo unas 50 reunio­nes, contando a la Fiscalía, FBI, oficiales impositivos, entre otros funcionarios del gobierno estadounidense. Fue a través de estas reu­niones que Burzaco pudo prepararse para los cues­tionamientos por parte de los abogados defensores, evitando caer en contra­dicciones.

Este enfoque se basa en que la defensa de Napout busca des­meritar el testimonio de Bur­zaco como uno que incrimina a las personas con la única intención de disminuir su pena carcelaria. Según Pap­palardo, parte del acuerdo de Burzaco incluyó el no ser acu­sado por soborno a funciona­rios gubernamentales, por lo ocurrido con el caso de Fút­bol para Todos en Argentina.

PEÑA NO REALIZÓ PAGOS

El lunes 21, tras la ronda de preguntas de la Fiscalía, Sil­via Piñera-Vázquez, abo­gada de Napout, enfocó sus preguntas hacia la relación directa entre Santiago Peña, el ex gerente administrativo de Full Play, y su cliente. Aquí Peña afirmó que todos los montos que se encontra­ban en el legajo que había entregado a la justicia no fueron montos que él había pagado personalmente, sino que eran montos que Hugo y Mariano Jinkis informa­ban que habían pagado a los diferentes dirigentes.

Al mencionar los pagos a Napout, Peña confirmó que nunca transfirió dinero a ninguna cuenta y que, según sus palabras, “nunca pagó un centavo” a Napout. Tampoco habló con él sobre la existen­cia de la planilla de pagos ni de ningún arreglo sobre cómo pagaría los sobornos. Todos estos datos habían sido pro­veídos por los Jinkis, y nin­guno de ellos fue realizado bajo su presencia.

EXISTE “DUDA RAZONABLE”

De esta forma, los aboga­dos de Napout insisten con el enfoque de la “duda razo­nable” a favor de su cliente. Al establecer que ninguno de los testigos realizó pagos ni transferencias de dinero personalmente a Napout, sino que solo había escuchado sobre supuestos arreglos con el mismo, permiten que surja la duda sobre la existencia de estos pagos. Ahora será labor de la Fiscalía mostrar el camino del dinero y que este realmente llegó a la cuenta del ex dirigente paraguayo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.