La legisladora liberal, basándose en datos oficiales, asegura que en nuestro país la prevalencia de diabetes en la población adulta (de 18 a 69 años) es de 10,6%, y que, actualmente, constituye una de las cinco líneas prioritarias de intervención del Ministerio de Salud Pública, por lo que es considerada como uno de los principales desafíos para la salud pública.

“El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social establecerá normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deberán ser revisadas y actualizadas, como mínimo, cada dos años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes diabéticos”, establece el artículo 1º del proyecto presentado.

Agrega que los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes, serán enteramente cubiertos por el Ministerio de Salud, en cantidades necesarias y según prescripción médica

Se explica que la cobertura incluye los sensores de monitoreo continuo de glucosa y los insumos necesarios para su funcionamiento.

Obliga, por otro lado, al Ministerio de Salud Pública a implementar campañas nacionales de detección y de concienciación de la enfermedad, a fin de lograr un adecuado conocimiento de esta patología.

La diabetes, conocida también como azúcar en sangre, con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios y problemas en los miembros inferiores, que pueden llegar incluso a la amputación.

Para las personas que viven con diabetes, el acceso a un tratamiento asequible, incluida la insulina, es fundamental para su supervivencia.

El boletín “Suplemento Especial Diabetes 2023”, publicado recientemente, señala que, en el 2022, un total de 126.211 personas con diabetes accedieron a la atención y tratamiento en servicios de Salud Pública.

En ese mismo año, se registraron 115 nuevos casos de diabetes tipo 1, de los cuales, el 58% se identificó en la franja etaria comprendida entre los 1 y 14 años. Se contabilizaron además 3.896 embarazos que cursaron con diabetes.

El costo anual de atención de la diabetes para el Estado, según la exposición de motivos, asciende a G. 874.941 por paciente, lo que incluye agendamiento, admisión, preconsulta, consulta médica y nutricional, entrega de medicamentos y estudios de apoyo diagnóstico.

La propuesta legislativa tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados y se dispuso su remisión, para su pertinente estudio, a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Salud Pública; y la de Presupuesto.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.