La Cámara de Senadores incluyó entre los puntos del orden del día de su sesión de este jueves el proyecto de ley de “Protección a denunciantes y testigos de casos de corrupción” y otro proyecto “Que establece el programa de protección a testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos intervinientes en el proceso penal”.

Ambas propuestas legislativas tienen enfoques similares, pues contemplan la creación de programas de protección de testigos para diversos casos que requieran la comparecencia para declarar ante los órganos de justicia, como la Fiscalía o la Policía Nacional.

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE CASOS DE CORRUPCIÓN

La argumentación del primer proyecto de ley habla sobre la necesidad de brindar garantías suficientes y protección a los funcionarios y ciudadanos en general que tengan conocimiento de un hecho de corrupción en la Administración Pública, de manera a que tengan el incentivo necesario para realizar sus denuncias ante los órganos pertinentes.

En ese sentido, se establece que la identidad de los testigos y/o denunciantes se mantenga en absoluta reserva, siendo el órgano de aplicación la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. Para el efecto, se creará un código de identificación especial.

También se contempla la recepción de denuncias en caso de que los testigos o denunciantes sean víctimas de actos de hostilidad, como el despido arbitrario, la disminución del salario, traslado intempestivo a otro lugar de trabajo o cambios injustificados en la naturaleza de su tarea.

En otro apartado, el proyecto prevé la posibilidad de otorgar beneficios económicos a favor de los denunciantes o testigos de actos de corrupción cuando, como producto de la información proporcionada, se haya permitido la recuperación del monto del perjuicio ocasionado al ente en cuestión. El monto de la recompensa equivaldrá al 30% del valor de lo recuperado, conforme a la tasación que sea realizada por las autoridades.

Se excluye de esta ley a quienes sean autores o cómplices de los delitos de corrupción que sean denunciados, ya sea por ellos mismos o por terceras personas, aunque de igual manera se valorará el grado de colaboración de los mismos para los procesos penales en los que pudieran verse involucrados.

PROTECCIÓN A TESTIGOS, VÍCTIMAS, COLABORADORES DE JUSTICIA Y OTROS

El segundo proyecto de ley, si bien es similar al anterior, tiene un enfoque más amplio ya que pretende ampliar el marco de protección a testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, a fin de salvaguardar la vida, la integridad física y psicológica, la libertad y la seguridad de quienes se encuentran en situación en riesgo o peligro por su participación en el proceso penal.

Las medidas de protección se establecerán según cada caso y deberán responder al nivel de riesgo o peligro contra los testigos, víctimas o colaboradores de justicia. Los destinatarios deberán manifestar su conformidad de ingresar al programa por escrito.

El proyecto contempla que las medidas de protección se mantengan vigentes mientras existan los factores o causales que las motivaron o, hasta que las condiciones del caso y los medios disponibles del programa así lo justifiquen.

Las medidas de protección previstas en este programa se dividen en dos clases: asistencia (buscando atender, contener y asistir a los beneficiarios mediante diversos medios) y seguridad (a ser ejecutada mediante un Grupo Especial de Protección (GEP) u otros organismos que tengan capacidad operativa para tal fin).

Dentro de las medidas de seguridad se incluye el mecanismo de traslado de los beneficiarios, la custodia permanente en el domicilio, la confidencialidad sobre sus datos personales, brindar la opción de cambio de residencia si la situación así lo amerita, otorgar una identidad supletoria a quienes sean testigos, víctimas o colaboradores para evitar su identificación, entre otros aspectos.

Las medidas de protección podrán solicitadas tanto por los destinatarios finales como por el fiscal, juez o tribunal a cargo del proceso penal y serán resueltas por el director del programa que será creado a través de la citada ley.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.