Esta semana inició el Diplomado en Justicia Penal y los desafíos en la judicatura de garantías, un espacio de formación impulsado por el Programa de fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada de delitos económicos y Corrupción y en Crimen Organizado de la República del Paraguay.

La propuesta académica fue desarrollada por INECIP-Py junto con Oficina Técnica Penal (OTP) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay). La Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) brindará la certificación académica.

De la apertura del curso de formación participaron la Dra. Carolina Llanes, ministra responsable de la OTP; el Dr. Víctor Ríos, ministro de la CSJ y rector de la Universidad Nacional de Pilar, la Dra. Andrea Vera Aldana, coordinadora de la OTP; el Dr. Roque Orrego, presidente de INECIP Py y director del Programa; el Dr. Juan Martens, director ejecutivo de INECIP Py, y en representación de USAID, la Mg. Adriana Casati.

La ministra Dra. Carolina Llanes indicó que “La intención de este curso es recorrer el proceso penal a largo del derrotero normativo y compartir la cotidianeidad de los jueces (…) para reflexionar sobre los principios inspiradores del sistema acusatorio vigente”.

Además, destacó el rol de los jueces penales en cada una de las etapas del proceso y la importancia de actualizarse y el debate constantemente.

Por su parte, la Dra. Andrea Vera señaló que espera que este espacio académico sirva de herramienta para responder a consultas de jueces e impulse la implementación de una política criminal de la CSJ a través de las diferentes acordadas emitidas.

El objetivo principal del diplomado es contribuir al conocimiento acabado sobre la justicia penal y los desafíos de la judicatura de garantías, proponiendo aplicaciones normativas legales adecuadas al diseño procesal original planteado por el movimiento de reforma del sistema inquisitivo, para que se fortalezca el enfoque de política criminal propuesto con la creación de la justicia especializada.

El Dr. Víctor Ríos resaltó que para la UNP es una gran satisfacción apoyar el emprendimiento académico. La UNP certificará el diplomado para todos los participantes que concluyan el curso.

El diplomado se enfoca en la capacitación de juezas y jueces de garantías y relatoras y relatores de la sala penal de CSJ con el fin de mejorar su desempeño en la implementación de la política criminal y el diseño procesal original en la justicia especializada. Además, busca fomentar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia en la gestión de procesos judiciales, el mismo no tendrá costo para los participantes.

Adriana Casati expresó “desde la USAID tenemos una larga trayectoria de cooperación con el poder judicial (…) trabajando para consolidar una cultura de legalidad, trabajando para fortalecer el estado de derecho, formalizar la economía y mejor el control ciudadano sobre la gestión pública, por lo que estamos muy felices por la apertura de este diplomado (…) esperamos que este espacio de formación ayude en esa labor tan importante como administradores de justicia, como custodios del imperio de la ley y responsables de la seguridad jurídica en nuestro querido país”.

El curso durará tres meses y se llevará a cabo de manera virtual, lo que permitirá a los participantes seguir las clases desde cualquier parte del país. Esta iniciativa representa un gran paso en el fortalecimiento de la justicia penal en Paraguay y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.