“Queremos crear conciencia para que se nos respete como ciclistas, aunque en los últimos años observamos que la actitud de los conductores de autobuses y los automovilistas hacia nosotros ha mejorado bastante”, afirmó a Efe Ibarra.

La agrupación fue presentada este sábado en la avenida Costanera de Asunción, un paseo que bordea la bahía que forma el río Paraguay y que se trata de uno de los pocos espacios de la capital que tienen carriles exclusivamente pensados para los ciclistas.

La falta de infraestructuras es la principal dificultad que encuentran los asuncenos que quieren hacer de la bicicleta su medio de transporte cotidiano, explicó Ibarra, que dijo que “Asunción solo cuenta con unos dos kilómetros de ciclovía”.

Por ello, los ciclistas buscan incidir en los nuevos planes urbanísticos proyectados para Asunción, como la construcción de la continuación de la avenida Costanera o el Plan maestro del Centro Histórico de Asunción (Plan CHA), que busca remodelar el degradado casco antiguo de la capital.

En el marco de estos proyectos, los ciclistas plantean crear bicisendas, pero también otras infraestructuras, como estacionamientos, duchas en los puestos de trabajo, o sistemas de alquiler de bicicletas públicas.

Además, también quieren tener presencia en la reforma del sistema de transportes de Asunción, que incluye la instalación de una red de Metrobús, y la conexión por ferrocarril del centro de la capital con la ciudad de Ypacaraí, a unos 40 kilómetros.

“Sería una muy buena idea que el Metrobús llegase hasta un cierto punto de la ciudad, y a partir de ahí los pasajeros pudieran utilizar la bicicleta para llegar hasta sus lugares de trabajo”, expuso Ibarra.

Agregó que “cada bicicleta supone un auto menos, y una persona menos pendiente del transporte colectivo”, lo que agilizaría los desplazamientos diarios entre Asunción y su área metropolitana, en los que cientos de personas invierten cada día “dos o tres horas de viaje en autobús”.

Resaltó además que la bicicleta es un medio de desplazamiento “barato, saludable y ecológico”, como alternativa a los llamados “autobuses chatarra”, vehículos viejos que el Gobierno está tratando de sustituir por unidades nuevas y climatizadas.

La baja calidad del transporte público asunceno ha provocado un descenso en su uso, desde un 64% en 1998 al 52% en la actualidad, según datos del informe de Ciudades Emergentes y Sostenibles que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pero en paralelo ha producido un aumento de la motorización, con una tasa de 67 vehículos por cada 1.000 habitantes y un creciente uso del transporte privado, según el citado informe.

El transporte se considera además como la mayor fuente de contaminación del aire en Asunción, cuyos niveles de polución ambiental aún exceden los valores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un millón y medio de vehículos ingresan cada día laborable en Asunción, el 80% de ellos procedente del área metropolitana de la ciudad, que en total tiene una población de unos dos millones y medio de personas, del total de 6,7 millones de habitantes del país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.