Luego de un proceso abreviado de la licitación Pública Nacional N° 02/2021 “Intervención de Emergencia para la Salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú” – Subasta a la Baja Electrónica – ID N° 398.866, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) suscribirá este lunes el contrato con la empresa oferente adjudicada Alberto Barrail e Hijos S.A. e inmediatamente se iniciarán las tareas de salvaguardia del Templo de San Joaquín.

De esta forma, la SNC culminará el proceso administrativo para abocarse al acompañamiento de los trabajos establecidos en el Protocolo de Intervención aprobado, presentado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA – UNA), que atiende a los trabajos para la restauración física del templo, acciones relativas a recomponer los aspectos técnico – constructivos afectados, considerados prioritarios y urgentes ante el estado de los mismos.

Antecedentes

El llamado de la mencionada licitación fue publicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en fecha 30 de junio del corriente, mientras que la Subasta a la Baja Electrónica se realizó en fecha 14 de julio con la participación de las firmas Alberto Barrail e Hijos S.A y Caraguatay S.A., según consta en el Acta de Sesión Pública Virtual SBE Nº 398.866. La apertura de sobres se llevó a cabo el 15 de julio.

A través del Informe de fecha 30 de julio, posterior a la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación recomendó la adjudicación a la firma oferente Alberto Barrail e Hijos S.A.

Teniendo en cuenta que el el artículo 79 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, establece que los interesados podrán presentar protesta dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el promotor tenga conocimiento de éste, el plazo que se cumpliría el día lunes 16 de agosto del corriente, fecha en la cual se procederá a la suscripción del contrato.

Trabajos articulados

Desde el año 2019, la SNC lleva a cabo acciones en articulación con la comunidad, la Comisión Pro Restauración de la Iglesia, autoridades municipales, representante de la Iglesia, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El templo de San Joaquín de los Tobatines, fue fundado en el año 1747 por sacerdotes de la Compañía de Jesús y se constituye como la única iglesia jesuita activa como parroquia en el mundo, que contiene imágenes sacras que aún se conservan sus rasgos y pinturas originales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.