• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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Una nota del 2 de agosto del 2012, remitida por Buzar­quis al entonces ministro de Hacienda Manuel Ferreira, revela que el liberal estaba apurando una ayuda finan­ciera de US$ 800 mil por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el “Programa de Reha­bilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 Dr. Carlos Antonio López”.

“Solicito que la insti­tución a su digno cargo impulse las gestiones pertinentes ante la CAF a fin de lograr la Coope­ración Técnica No Reem­bolsable para financiar una consultoría que realice la elaboración del mencionado programa”, dice Buzarquis a Ferreira en su nota de agosto del 2012. Mientras apuraba la financiación no reembolsa­ble, el ex ministro liberal iba firmando convenios marco y específicos para zonas que afectan a la misma Ruta 9 y otros estudios viales en el departamento de Ñeembucú.

En agosto del 2012 apuraba dili­gencias con Hacienda para la cooperación no reembolsable de la CAF. El 24 de setiembre, es decir, un mes y medio después, Buzarquis estaba firmando en Roma un convenio con la compañía italiana ANAS para estudios de prefactibilidad que afectan a las mismas zonas del Chaco, además de Ñeembucú.

Por un lado gestionaba el pago para trabajos que pudieron salir gratis al Estado, mediante coope­ración no reembolsable, pero insólitamente voló para Italia a comprometer al Estado con US$ 600 mil, de los cuales US$ 100 mil incluían aporte de la Enti­dad Binacional Yacyretá.

“No hubo lesión”, “no se hizo el pago”, son frases que repite el senador Buzarquis a los medios de comuni­cación. Sin embargo, se desentiende de explicar sobre su firma en un convenio que obliga a un pago al Estado paraguayo, teniendo otras alternativas de financia­ción que en ese momento esta­ban en plena gestión, según las pruebas documentales que obran en carpeta fiscal.

Además, un tema fundamen­tal que alega la fiscala del caso, Victoria Acuña, es que el convenio firmado en Italia no prevé forma de culminación y como se rubricó en el exterior obviamente cualquier even­tualidad se regirá por normas ajenas a las nuestras.

Los técnicos extranjeros vinieron a trabajar al país, cinco misiones de profesio­nales arribaron y cumplie­ron con lo convenido. Es decir, los italianos honraron la obligación, lo que fue dicho por los propios profesionales del MOPC durante el juicio oral, por lo que se vuelve sen­sible la situación del Estado ante el compromiso asu­mido mediante el convenio firmado por Buzarquis.

DENUNCIA POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS DUERME EN FISCALÍA

Hace dos meses un grupo de ciudadanos, encabezado por la señora María Fausta Ramírez, formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del senador libe­ral Enrique Salyn Buzarquis por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias. Hasta ahora desde el Ministerio Público no responden que trámites dieron a la demanda.

No se sabe de fiscal asignado ni de diligencias del caso. La denuncia había sido presentada luego de que salieran a la luz los nombres de parientes y operadores políticos del legislador que se cuelgan del salario público, coincidente­mente después de que el liberal llegara a una banca en Dipu­tados en el 2008.

Entre familiares y fanáticos, unos G. 4.000 millones cuestan al Estado paraguayo el clan Buzarquis que vive del aporte de los contribuyentes. Entre los últimos casos más sonados se encuentran las esposas de los tres hermanos, Víctor Abdel, Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis, también con sueldo público. Fiorella Forestieri, esposa del senador Salyn, se ubicó con sueldo de G. 15 millones en la Justicia Electoral, gracias a un pedido del Partido Liberal.

Griselda María Maidana Sosa, esposa de Víctor Abdel, percibe unos G. 20 millones al mes entre sus ingresos en el Ministerio de la Defensa Pública y su rubro de “profesora

asistente” en la Universidad Nacional de Caaguazú. Mientras que la segunda pareja del diputado Enrique Antonio, de nombre Fátima Lird, accedió a un cargo administrativo dentro del consejo directivo del IPS y percibe G. 12 millones al mes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.