El caso Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca”, vinculado al narcotráfico (señalado en el informe de Seprelad por conexiones con Apostala) es el más grande en cuanto a activos que se maneja y el más relevante que tiene el país, según afirmó la fiscal Lorena Ledesma en entrevista con la radio 650 AM.

Da Rocha tiene un proceso abierto en nuestro país desde el 2017 por lavado de dinero, en el que están incluidos sus dos hijos. Por ese caso hay 20 personas procesadas por las inyecciones de capital que el detenido metía en las empresas identificadas con dinero sucio. “Es una de las personas identificadas en el mundo del tráfico de drogas como una de las más importantes. Hace 20 años empezó su actividad delictiva. Ahora tenemos un pedido de cooperación internacional porque es una investigación conjunta con Brasil sobre la identificación de sus bienes adquiridos”, dijo la investigadora.

Ledesma detalló que el sospechoso no solamente tiene 20 estancias, con supuesto movimiento de ganado, sino varias empresas en diferentes modalidades. También se identificaron 98 inmuebles en el área Central y casi 100 vehículos que la Policía Nacional tiene orden de incautación.

“El Estado paraguayo nunca pudo ejecutar su detención porque tenía mucha habilidad y logística. También influía mucho la naturaleza, era muy difícil llegar a su estancia porque antes de llegar al lugar había que pasar cinco portones, y cuando se llegaba, él ya huía por el río. La investigación contra “Cabeza Branca” es una de las más grandes y más antiguas en cuanto a la identificación de activos. La cantidad de bienes es inmensa”, expresó.

La agente fiscal dijo que de momento no tiene información sobre los nexos de Apostala con el supuesto narco. “Solo me enteré por los medios porque no recibí la información ni tampoco estoy investigando a esa empresa, aunque eso no quiere decir que luego sea incluida”, agregó.

LAS ESTANCIAS ADMINISTRADAS POR SENABICO

De las 20 estancias pertenecientes a “Cabeza Branca”, 7 son hoy administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), las mismas están valuadas en US$ 50 millones, informó por su parte Teresa Rojas, titular de Senabico.

“Optamos por el arrendamiento de estas propiedades, porque les sale más barato al Estado. El dinero va a parar a una cuenta oficial. Son estancias que están muy bien ubicadas. Como estaban prácticamente descuidadas y había poquísimos animales lo más sensato era optar por la figura del arrendamiento. Son tierras muy valiosas. Estamos en el proceso de tasación. Es relativamente lento porque son inmuebles muy extensos. Hay informaciones que son públicas y otras que, por ley, solamente interesa a las partes. En la web encontrarán todo sobre las subastas”, dijo.

También coincidió que los bienes de mayor valor que están manejando son los de Luis Carlos da Rocha alias “Cabeza Branca”. “Ese es el caso más grande que tenemos”, puntualizó.

El hombre era considerado un “barón de la droga”, sobre sus hombros llevaba más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la Justicia Federal del Brasil.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.