Rossana Escobar M., rossana.escobar@nacionmedia.com

El chat filtrado del agente especial Carlos Francisco Chamorro Portillo indica cómo las autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) estaban al tanto de su ascenso económico, un contraste teniendo en cuenta su inicio modesto en la función pública y el salario que mensualmente percibe, tanto él como su esposa Natalia Berenicce Bareiro, ambos al servicio de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) como responsables de investigaciones de alto perfil y de manejo de datos de carácter reservado.

El director de la SIU/Senad, agente especial Daniel Antonio Fernández Ávalos, y otros superiores como el director general de Inteligencia, Mauro Ruiz Díaz, y la misma ministra Zully Rolón observaban cómo Chamorro presumía sus lujos. El cuestionado investigador tuvo un incremento patrimonial de 700% en relación con los datos consignados en su primera declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República. Este exponencial incremento de bienes casualmente fue en los últimos cuatro años, cuando comenzaron los trabajos de inteligencia antinarco que derivaron en A Ultranza Py, por cierto, un operativo cuyas investigaciones sufrieron una serie de filtraciones a los peces gordos que estaban bajo la pesquisa.

Esta revelación de extraordinaria prosperidad financiera de La Nación Investiga y la expulsión de la sensible unidad de la SIU lo llevó a realizar un sugestivo mensaje de descargo en un grupo de Whatsapp entre compañeros de trabajo donde declaraba una guerra “política, social y laboral” al interior de la institución. Pero mientras la situación en Senad se vuelve incontrolable y los investigadores antidrogas están más abocados en sus propias batallas internas que en sus misiones de Estado, la ministra Rolón está más preocupada en amedrentar a los medios de comunicación para que no se revelen nombres de cuestionados agentes especiales.

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TERREMOTO

El amenazante mensaje de Chamorro filtrado de un grupo de Whatsapp, donde están selectos agentes de inteligencia, refiere que la cabeza o líder de la SIU/Senad sabía de sus intenciones de comprar una lujosa camioneta y denota el corporativismo interno sobre una transacción bastante sospechosa al confrontar con sus ingresos reales como agente especial. El jefe de la SIU es Daniel Fernández, y Chamorro es considerado uno de sus leales más mimados.

“El líder del equipo, quien me había dicho ‘no compres esa camioneta’, me lo decía porque él ya se imaginaba el terremoto que podría causar y preferí hacerle caso a mi señora esposa”, refiere Chamorro, uno de los mimados de Fernández, quien es cabeza de la SIU, y que a su vez responde al director general Ruiz Díaz, hombre de confianza de la ministra Rolón.

Con el mensaje filtrado se revela que el director de la SIU, Fernández, estaba más preocupado por la reacción de los funcionarios de la Senad y el escándalo público por la dudosa compra antes que el origen de los US$ 65 mil en el bolsillo de un subalterno con ingresos que hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones para cumplir el deseo de su esposa.

Además, un dato importante para señalar es que el director de la SIU/Senad que hizo la vista gorda a los lujos de su protegido es el mismo que remitió al Ministerio Público los informes de inteligencia de A Ultranza Py y en el que también tuvo participación Chamorro. Dicha operación tuvo una serie de filtraciones, ya que la estructura narco que presumen lideraba Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán fue advertida de operativos de interceptación de drogas, movimientos y escuchas telefónicas. De hecho, ambos capos siguen prófugos de la Justicia.

Recordemos también que los brasileños Lindomar Reges Furtado y Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua (vinculado al ex ministro antidrogas y del Interior Arnaldo Giuzzio) no aparecen en el informe de inteligencia de la SIU remitido al Ministerio Público, ya que estos supuestos narcotraficantes raramente no entraron en el radar de la Senad, pero la Policía que realizó un corto seguimiento a Marset registró reuniones y estableció una conexión entre el uruguayo y Lindomar, según documentos del Operativo Smart.

SE CUBREN TODOS

Volviendo al chat filtrado del agente especial Chamorro, que fue expulsado de la SIU tras las publicaciones sobre su meteórico ascenso patrimonial, en medio de su declaración de guerra interna señala que por “respeto” no ventilará los “trapo ky’a” (trapos sucios, alusivos a presuntas irregularidades de otros funcionarios de la Senad) como le sondean.

Asimismo, refiere “ya he colectado elementos probatorios sólidos sobre la persona que ideó y el grupo de personas que apoyó esta campaña mediática”, una mención gravísima considerando los recursos de investigación que maneja el agente y que sugiere el uso discrecional de sistemas de inteligencia para fines personales y no precisamente de Estado.

“Les juro por Dios y la patria que destinaré toda mi humilde capacidad intelectual y operativa para tomar partido en todo esto que yo no lo inicié y daré la vida si necesario fuere”, refiere el mensaje.

“No descansaré hasta lograr el destierro de todos ustedes por el camino del bien y como primera acción en esta guerra interna”, dice otra parte de su descargo vía Whatsapp.

Todo esto revela con suficiencia que la administración de Zully Rolón colapsa en la Senad, y ejerce un nulo control sobre los agentes especiales que muestran una extralimitación de sus funciones poniendo en riesgo la garantía constitucional de privacidad e intimidad y la misma seguridad interna de la República.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.