Luego de la prolongada exposición de Quintana, quien expuso básicamente que se someterá al proceso pero que no está seguro de la garantía que le pueda ofrecer el sistema judicial de nuestro país, varios legisladores salieron en su defensa.

Antes de desarrollar las alocuciones de los colegas de Quintana vale la pena recordar lo dicho por Mario Abdo Benítez, presidente de la República: “Caiga quien caiga. Nadie es intocable. Desde el presidente de la República para abajo. Que se le investigue desde el presidente de la República hasta abajo. Nadie es intocable en la lucha contra el crimen organizado”.

Teniendo en cuenta lo dicho por el jefe de Estado debería ser normal para los diputados desaforar o retirar la investidura a un colega que tiene vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, los legisladores actuaron en consecuencia defendiendo a su colega y lanzando advertencias a la justicia.

La primera fue la líder de la bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narváez, mencionó que el acta de imputación no cuenta con la descripción de los hechos y que incluso analizaron la misma con un abogado y llegaron a la conclusión que es “temeraria”.

Alabó la actitud que tomó Ulises Quintana para esclarecer el caso, refiriéndose al pedido de su propio desafuero para someterse al proceso, pero expresó su desconfianza con el funcionamiento de la justicia. Finalmente, expresó que la imputación en su contra es “exagerada e injustificada”.

Por su parte, Roberto González Segovia también de Añetete, indicó que luego de escuchar la exposición de su colega escuchó a un “ciudadano atemorizado” y que llegó a un poder del estado a expresar que siente temor. Utilizando parte de sus frases, el legislador dijo que Quintana tiene dudas de la objetividad de la investigación.

Instó al juez Rubén Ayala Brun garantice el debido proceso ya que Ulises, sin fueros, es un ciudadano cualquiera y que no se lo trate a un político a quien necesariamente haya que condenar. “Hoy es Ulises, mañana puede ser cualquiera”, espetó el legislador.

Por otro lado, el diputado Édgar Acosta (PLRA) evitó referirse al caso específico de Quintana pero sí hizo alusión al caso Curuguaty, en el que fueron condenados 11 campesinos en el 2017 cuyas sentencias fueron revisadas y levantadas durante este año. Expresó que si la Fiscalía actuó de mala forma sosteniendo la imputación y la condena de los labriegos y si finalmente la máxima instancia judicial encontró inconsistencias, el diputado Quintana podría correr la misma suerte.

Además, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) expresó que no se cree facultado para ajusticiarlo e instó a la justicia a interpretar de forma jurídica y no política el caso. Dijo que conoce casos de fiscales que se promocionan a partir de hechos como este, haciendo un show de sus actuaciones para alcanzar repercusión mediática.

“¿Qué tal si estamos destruyendo la vida de una persona inocente? aclaro que no voy a defender al colega Ulises Quintana… yo me pregunto acá hoy a todos ¿quién le devuelve a este tipo su honorabilidad? yo sé que muchos se callan porque tienen miedo a opinar. Muchos se callan porque hoy día está prohibido pensar diferente en este país, porque si opinas diferente te van a incinerar. Hoy el ciudadano pide su desafuero, pero pide su desafuero con mucho temor. He visto en sus ojos el miedo. Estuvo mirando temblorosamente. No le estoy defendiendo, he visto en sus ojos el terror y el miedo. Porque no confía en la justicia”, manifestó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.