Rodrigo Marín, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Sanatorios Privados, indicó que el 31 de diciembre del 2021 vencieron todos los convenios hechos con el Ministerio de Salud para que pacientes graves con Covid del sector público puedan ser trasladados al privado, de modo a descomprimir los servicios de salud.

En entrevista con canal GEN, el vocero del sector privado refirió que pese a la promesa hecha por las autoridades, los sanatorios privados siguen esperando que se cumpla con el pago de la millonaria deuda de Salud Pública por el uso de sus camas UTI.

“La deuda aún no fue honrada (en su totalidad). Recibimos un pago a finales del año pasado, pero eso no llega ni al 10% de la deuda. Todo el resto sigue pendiente. La deuda era cerca de 40 millones de dólares, de los cuales solo entre el 10 y el 20% se pagó. En mi sanatorio nosotros debemos cobrar más de 14.000 millones de guaraníes”, refirió.

Respecto al motivo del no desembolso, indicó que se debe a los procesos burocráticos, ya que se estaban haciendo los pagos, pero que el fin de año trancó todo y ya no continuaron más, por lo que la deuda quedó flotante y este año debe reprogramarse nuevamente. “Las cuestiones administrativas están trancando, porque el dinero ya está desde el momento en que se aprobó la ley para utilizar el fondo del Fonacide en esta deuda”, explicó.

Marín sostuvo que en el caso de que alguna persona acuda a un sanatorio privado y quiera acogerse a las leyes de Covid, necesariamente deberán trasladarla a un puesto de salud público para que reciba la correspondiente atención, al no estar más vigente el acuerdo con el Estado. Caso contrario, los familiares del paciente deberán costear de sus bolsillos los altos montos de la internación.

“Nosotros hace rato que venimos advirtiendo que se venía una tercera ola de Covid y pedíamos que honren la deuda para que podamos estar preparados. Nosotros tenemos áreas respiratorias pero son mínimas, no como para recibir a muchos pacientes”, agregó.

Financieramente será imposible sostener un nuevo convenio con el Ministerio de Salud, de acuerdo con el vocero. “Nosotros nos cerramos ante la posibilidad si es que nos plantean de nuevo un convenio”, agregó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.