Desde la Cámara de Senadores surgen cuestionamientos a la gestión del ministro Julio Mazzoleni, quien en 120 días ejecutó apenas el 0.4 % de los fondos asignados para la “emergencia” sanitaria por el Covid-19.

Los 514 millones de dólares, calculados por el propio Ministerio, deben ser destinados a la ampliación de unidades de terapia intensiva, la adquisición de insumos para los análisis del Covid-19, la compra de equipos de protección para médicos y enfermeras y el fortalecimiento del sistema en general.

“Cuando critiqué fui retada y fui interpelada, Nani Arrúa de PQ me llegó a decir que estaba harta de escuchar que yo cuestione a un ministro alabado por el mundo, lo mismo Blanca Ovelar y Beto Ovelar, o sea todos teníamos que aplaudir al ministro”, lamentó la senadora Desirée Masi en entrevista con la 730 AM.

Despotricó contra Mazzoleni por no dar números claros o por directamente no contestar, pues cuando el Congreso le requirió la cantidad de equipos de protección disponibles él respondió que recibieron 10 toneladas, sin especificar el contenido de la carga, ni la cantidad de cada artículo.

Además, cuando el PDP le remitió un pedido de informe demoró un mes y medio en remitir la respuesta. La senadora recordó que actualmente existen varias otras enfermedades que padece la gente, entre ellas, la influenza y otros problemas respiratorios que no deberían quedar relegados por el Covid-19.

A esto se suma el desesperado grito de auxilio de la Asociación de Pacientes con Cáncer, que reclama la provisión de insumos para costosos tratamientos que son los que los mantienen vivos. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, 22 personas fallecieron de cáncer, la última, a la espera de medicamentos que nunca llegaron.

“Ya dejó de ser alabado por los legisladores y pasó a ser el principal blanco preferido de algunos”, comentó la periodista de radio Universo, Francisca Pereira, encargada de la cobertura del Congreso, aunque aclaró que a la hora de sentar postura, la mayoría se lava las manos alegando que la destitución es potestad del Ejecutivo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.