La intención de esta propuesta es incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la figura de la delación premiada, con la finalidad de perseguir penalmente a quienes cometen hechos punibles, sobre todo en el crimen organizado y contra el erario público, según se explicó.

Las modificaciones refieren a ciertos términos legales dentro del articulado, de acuerdo a lo significado una vez terminado el encuentro.

En el documento se explica que la figura de la delación premiada consiste en un acuerdo alcanzado por el investigado o procesado por la comisión de un delito en el que, a cambio de la confesión y la prestación de información relevante, obtiene determinados beneficios que pueden consistir en la rebaja de la pena o incluso su remisión total.

En esencia, la modificación del artículo 67 de la referida ley, que tiene que ver con los marcos legales en caso de circunstancias atenuantes especiales, consiste en agregar un inciso (3°), que establece cuanto sigue: “Para los hechos punibles perpetrados por el crimen organizado, de narcotráfico, secuestro, lavado de dinero y hechos punibles contra el erario, la pena podrá ser atenuada cuando el procesado admitiese el hecho, a quien el Estado deberá brindarle las garantías de protección en el marco de la Ley N° 4.083 – Que crea el programa de acompañamiento y protección a testigos y víctimas en procesos penales”.

Orgánica Penitenciaria

Otro punto analizado en la fecha fue el proyecto de “Ley Orgánica Penitenciaria”, ya aprobado en general por el plenario de Diputados, pero con estudio en particular pendiente (forma parte del orden del día de este miércoles).

La iniciativa busca establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes penitenciarios.

El diputado Esgaib señaló que la modificación principal empieza en el acápite, cuyo texto sería el siguiente: “Orgánica del Agente Penitenciario”; además de que los servidores pasarían a formar parte de las fuerzas públicas.

Régimen de jubilaciones

En otro orden de cosas, tuvo luz verde de comisión (con modificaciones), el proyecto “Que modifica y amplía la Ley 122/93, que unifica y actualiza las leyes N° 740/78, 958/82 y 1.226/86, relativas al régimen de jubilaciones y pensiones del personal municipal; y su modificatoria, ley N° 2.102/03”.

Explicaron que se modifica el artículo 12, donde agregan la denominación actual y correcta del Ministerio de Economía y Finanzas.

El objetivo de esta normativa es buscar una mayor sostenibilidad de la caja de jubilaciones del personal municipal, mediante la inclusión, como aportantes, de funcionarios contratados que prestan servicios en los diferentes municipios del país.

Actualmente, la redacción establece que solo los funcionarios permanentes pueden ser asociados a las diferentes cajas.

El proyecto ya fue aprobado en general por el pleno de Diputados; pero el estudio en particular fue postergado y quedó fijado para este miércoles.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.