En línea con los diálogos anteriores, en la ocasión participaron importantes referentes del sector de agua y saneamiento, tanto del sector público como de organismos de cooperación y la sociedad civil. “Queremos evidenciar un problema que ha sido postergado por muchísimo tiempo, toda una historia de falta de toma de decisiones, falta de priorización del tema, falta de definición de una política de Estado y de políticas públicas sectoriales claras y suficientemente eficientes para abordar mejor la problemática”, indicó Carla Torreani, de la Fundación Moisés Bertoni y representante del OCASH, en la apertura del diálogo.

Por su parte, Claudia Zappatini, también del OCASH, mencionó el desafío de jerarquizar la institucionalidad pública en la gestión del agua y saneamiento. Por su parte, Gustavo Rojas, especialista de la materia de UNICEF Paraguay, presentó los resultados de un trabajo realizado en el que identificaron 4 amenazas al agua, saneamiento e higiene en Paraguay: sequías, intrusión salina, inundaciones y enfermedades.

El viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Adilio Insfrán, presentó una síntesis de lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030), aprobado en 2014. “El avance de estos indicadores va a ser exponencial en la medida que mejoremos la gobernanza, los aspectos técnicos y económicos, y también los desafíos de gestión”.

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La gestión del agua y saneamiento es compartida por varias instancias del ámbito público, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales e incluso entidades autárquicas. Y además, la mayor parte de la provisión de agua en el interior del país se produce con gestión comunitaria, es decir, organizaciones vecinales. El titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Hugo Ruíz, señaló como desafío la necesidad de fortalecer esta gobernanza sectorial para avanzar en el acceso universal y de calidad. “Hemos reiterado en varios foros la necesidad imperiosa de que este tema sea asumido principalmente por la clase política y decisoria del país, en cuanto al aporte de los recursos necesarios para su desarrollo y fortalecimiento”. En tanto a la función reguladora del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), su presidente Jorge Ojeda comentó que es necesario la revisión profunda de los datos en materia de cobertura. “Respecto a la información real del sector tenemos que empezar desde cero. Ya que el 90% de los prestadores, aproximadamente unos 6.000, no superan 200 usuarios”.

José Silvero, director de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), recordó que este ministerio es la autoridad de aplicación de la Ley 3.239/07, de Recursos Hídricos del Paraguay, y anunció avances en su reglamentación. “Por primera vez después de 15 años de vigencia de ley, en esta administración se dio la importancia de sacar un decreto reglamentario y cuando tengamos el conjunto de reglamentaciones iniciaremos un proceso de comunicación e intercambio de pareceres e ideas”.

Gustavo Gonnelli, Especialista en Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo una radiografía del sector regulador. “Hemos visto la complejidad del sector en Paraguay: hay demasiados organismos que tienen que ver con el tema. Hay duplicidad de responsabilidades y eso hace que no sean eficientes. Desde la perspectiva del Banco también es complejo desarrollar programas de inversión porque es difícil coordinar a todos los actores que están involucrados. Creo que pretender hacer una nueva estructura o algo de cero es impracticable. Lo que hay que hacer es fortalecer la estructura actual. Hay que jerarquizarla”.

Para Claudia Crosa, exdirectora de DAPSAN, “el gran pero es la estandarización del sistema, no es que cada uno hace los sistemas con las especificaciones que se les ocurra y también, sobre todo, una priorización que pueda decir dónde es más necesario. Por ejemplo, Itaipú y Yacyretá invierten en agua y saneamiento, pero invierten como quieren, por la necesidad política del momento. ¿Qué pasaría si hay un director de orquesta realmente fortalecido y que tenga decisión?”.

Juanita Ayala, especialista en Agua y Clima participó de este diálogo desde la sede del Instituto Internacional del Agua, en Estocolmo. Para ella, en este contexto mundial de cambio climático, hoy más que nunca debe promoverse la resiliencia del sector y un factor clave es el fortalecimiento y buena gobernanza de las instituciones. “Cuando estamos frente a riesgos tan grandes como las pandemias, los conflictos, el cambio climático y demás, debemos alejarnos de la forma usual de hacer las cosas”.

A partir de ahora, la campaña “El Agua es un Derecho” entra en una etapa de acercamiento a diferentes candidaturas de cara a las elecciones generales de abril 2023 de manera a incluir  la temática del tema agua y saneamiento en el debate electoral.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.