Los campesinos regresan y marchan contra mismas promesas incumplidas. Actualmente están apostados sobre las calles Fulgencio Yegros y 25 de Mayo, frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El titular de dicho ente estatal, Denis Lichi, manifestó que los labriegos habían solicitado 40 millones de dólares para un plan de inversión, pero que les dejó en claro que su institución maneja un presupuesto anual de 70 millones de dólares, de los cuales al cubrir todos los gastos corrientes y compromisos asumidos, para el apoyo a la agricultura solo posee 10 millones de dólares.

Entonces los campesinos bajaron sus pretensiones y aceptaron los 10 millones, según contó la autoridad. Añadió que luego él informó a los manifestantes que iban a empezar a trabajar con 1 millón de dólares pero que no aceptaron esa suma de dinero.

“Hay muchos productores que de forma individual ya se acercaron a las instituciones bancarias a refinanciar sus deudas. (…) Cada año piden lo mismo (refinanciamiento de deudas), pero nunca presentan la lista. El año pasado tampoco presentaron, no sé si tienen o cuál es el motivo. Fácilmente se pueden comprar los créditos de los bancos y podemos negociar los que fueron judicializados, solo tienen que ser deudas del sector productivo. El Gobierno no te va a comprar la deuda porque sacaste una moto, ventilador o un auto y no pudiste pagar”, indicó.

EL ACUERDO INCUMPLIDO

Los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) dan una semana de tiempo para que el Gobierno cumpla con el acuerdo firmado el pasado mes de marzo.

“Queremos un diálogo sincero y un documento que favorezca el cumplimiento inmediato de lo acordado. Estamos esperando y toda esta semana tenemos tiempo para dialogar y si no hay novedad nos sentimos obligados a tomar medidas de fuerza”, indicó el dirigente campesino Jorge Galeano, en charla con la 1080 AM.

El 29 de marzo pasado, las agrupaciones campesinas lograron arrancar un acuerdo al gobierno. Uno de los puntos consignaba entonces la promesa de promulgar una ley de protección y recuperación de la agricultura familiar.

Otro señalaba el acceso a la tierra para mejores condiciones de vida, el Ejecutivo se comprometió a recuperar los excedentes de tierras fiscales, con lo que se buscaba frenar las ocupaciones.

El tercer punto afirmaba un acuerdo para el uso de inmuebles que están en poder de la Secretaría Nacional de Bienes y Comiso, a favor de sintechos. También la regularización de asentamientos campesinos y urbanos por parte de personas no sujetas a la reforma agraria.

Otro compromiso incumplido según los labriegos, es el de la refinanciación o reestructuración de créditos vencidos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.