El canciller paraguayo Antonio Rivas, en charla con los medios de prensa, nuevamente mencionó que el acta bilateral firmado el 1 de agosto entre las cancillerías paraguaya y brasileña deja sin efecto el polémico acuerdo firmado el 24 de mayo en absoluto secreto.

Insistió que el propio director del lado brasileño de la Itaipú Binacional resaltó que de ahora en más la negociación para la concesión de energía eléctrica a la ANDE y Eletrobras será técnica y no política.

“No sé cómo se puede explicar que el acta no fue anulada. Creo que solo en Paraguay dicen que no fue anulada, los brasileños ya la asumieron como tal. (…) Es importante entender que el acta fue dejada sin efecto, solamente nosotros aquí estamos discutiendo”, lanzó la autoridad.

Sin embargo, los brasileños sostienen todavía que el propósito de la Ley Bilateral era establecer “un contrato para la venta de energía de Itaipú de 2019 a 2022, garantizando a la planta los recursos necesarios para su operación y, en consecuencia, la estabilidad del suministro de electricidad a ambos países”.

Según un comunicado de la Cancillería del vecino país, el acuerdo cumpliría con el Artículo XIII del Tratado de Itaipú, que establece que los países se comprometen a contratar todo el poder proporcionado por la binacional.

Señalan también que el documento buscaba corregir una “brecha histórica” en la contratación de energía de Itaipú por parte de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). “Teniendo en cuenta que la contratación de Ande no se ha mantenido al día con el alto crecimiento de su demanda de energía, la Ley Bilateral ha tratado de reequilibrar esta relación, para que cada parte pague por la energía que realmente consume”.

Refieren además que el proceso de negociación que resultó en la firma del acta bilateral “no fue secreto”, argumentando que en todas las reuniones asistieron representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, Eletrobras, Ande e Itaipu Binacional.

“Cabe señalar que el Tratado de Itaipú solo permite la venta de energía producida por la planta a Eletrobras y Ande. Por lo tanto, no hay base para especular acerca de la posibilidad de comercializar la energía de la planta binacional por otra compañía que no sea Eletrobras y Ande”, agrega el comunicado.

Otro punto marcado por los brasileños es que el resultado del acta bilateral fue mediante un consenso entre los representantes de ambos países para alcanzar un acuerdo “justo” para ambas partes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.