Con la interpretación estricta según lo que establece la Constitución Nacional y las leyes vigentes, la Cancillería Nacional apoya el Pacto Global de Migraciones, haciendo énfasis en que hay algunos términos o interpretaciones que no son aceptadas, afirmó Luis Castiglioni, Ministro de Relaciones Exteriores, quien utilizó su cuenta de Twitter para realizar las aclaraciones.

“Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico paraguayo, género se limita a hombre y mujer. No admitimos ninguna acepción fuera de eso, ni la llamada ideología de género o identidad de género. Siempre lo dejamos en claro”, indica en parte del hilo compartido desde su cuenta.

“Nuestra posición, cimentada en valores cristianos y humanos, es coincidente con la del Vaticano, que apoya el Pacto Global de Migraciones, haciendo énfasis en que hay algunos términos o interpretaciones que no aceptamos”, aclaró.

En otro momento puntualizó sobre lo que dice el Pacto Global de Migraciones, como que este reafirma que los Estados tiene el derecho soberano a determinar sus propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial.

Esto teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional.

El comunicado explica que la adopción del pacto obedece al mandato de la Carta Magna, en los principios de solidaridad y cooperación en las relaciones internacionales, y en consonancia con el mensaje de la Iglesia Católica que insta a acoger, proteger, promover e integrar. En ese ámbito el papa Francisco recordó que Jesús se identifica con cada migrante rechazado en cualquier época de la historia.

En lo referente a la postura del Paraguay sobre este instrumento de cooperación internacional, se hace mención al más del millón de paraguayos esparcidos en distintos puntos del globo, por lo tanto constituye una obligación moral apoyar las acciones que promuevan el bienestar de los migrantes, con el fin de evitar que sean sometidos a tratos denigrantes o a situaciones de irrespeto a sus derechos fundamentales, por la mera condición de ser migrantes.

Aclara además que el Pacto Mundial sobre la Migración no es vinculante, sino de carácter moral, no se trata de un tratado ni un acuerdo internacional, no obliga a los Estados a recibir migrantes ni a darles nada fuera de lo contemplado en sus propias leyes. Tampoco da a la Organización de las Naciones Unidas la potestad de determinar qué reglas ha de aplicar cada país a los migrantes, ni a establecer obligaciones en cuanto a la recepción de extranjeros.

Varias organizaciones “provida” y “profamilia” se han expresado en contra de la suscripción del Pacto Mundial Migratorio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alegando que este acuerdo es inconstitucional y atentatorio contra el pueblo paraguayo, además de que podría traer consigo a la ideología de género.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.