Federico Ursino Leguizamón Zavan presentó este domingo una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas por la comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.

La presentación de esta acción legal se da tras la aparente falsificación de su firma en una de las planillas de inscripción de la candidatura del movimiento “Unidad Azulgrana para el Cambio” para las elecciones internas en el club Cerro Porteño.

Según consta en el documento, en fecha 14 de noviembre los apoderados del citado movimiento -liderado por Lucio Maldonado- se acercaron hasta el club de Barrio Obrero a fin de oficializar la inscripción y habilitar la candidatura para la presidencia.

Entre las planillas de socios proponentes figuraba el nombre y la firma del denunciante quien, tras percatarse de esta irregularidad, decidió tomar acciones legales para denunciar el hecho ante la Fiscalía, sobre todo porque no brindó su consentimiento para el efecto.

El abogado Eduardo Burgstaller, apoderado del movimiento “Azulgranas por Siempre” -aliado al movimiento “Por Un Ciclón Ganador”, en contacto con nuestra redacción comentó que, tras tomar conocimiento del caso, aceptó asesorar legalmente a Federico Leguizamón para que pueda presentar la denuncia.

El mismo explicó que lo que se hizo en este caso fue llegar a una instancia porque consideraron que la persona responsable de la falsificación de la firma debe ser castigada y sancionada tanto penal como administrativamente.

Asimismo, aclaró que su defendido no tiene relación alguna con el movimiento “Unidad Azulgrana para el Cambio” que propone la candidatura de Lucio Maldonado para la presidencia del club Cerro Porteño, por ello dijo estar preocupando al saber que utilizaron su nombre para algo que él nunca apoyó abiertamente.

Burgstaller considera que, a raíz de las circunstancias, la denuncia se estará ampliando por la cantidad de víctimas que se van a ir adhiriendo. En redes sociales, varios socios del club azulgrana manifestaron haberse visto afectadas por esta misma situación, figurando sin su consentimiento en las planillas.

“Por dignidad pienso que deberían admitir el mamarracho y allanarse al pedido de impugnación, la candidatura ya se ensució y no tiene razón de ser. Para poder confiar en ellos deberían retirarse al menos en esta ocasión, sería la decisión más criteriosa”, indicó el abogado al referirse a la impugnación presentada días atrás contra la lista de Lucio Maldonado.

Finalmente, sostuvo que este socio espera que se haga justicia y se aclare la situación de forma pronta, en lo posible con la certeza de quiénes son los autores de la falsificación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.