La situación por la que atraviesan los pro­ductores de caña de azúcar de la zona de Mauri­cio José Troche es más que preocupante, ya que de nuevo cierran un año con impor­tantes perjuicios económi­cos para el sector porque la capacidad de procesamiento de la Planta Alcoholera de Mauricio José Troche de la empresa estatal Petróleos Paraguayos SA (Petropar) no logra dar abasto. La pér­dida estimada es de aproxi­madamente 40%, comentó Édgar Ortiz, de la Asociación de Cañicultores de Troche, quien además lamentó que no se haya avanzado en las obras del nuevo tren de molienda.

Explicó que lo recomenda­ble es procesar la caña dulce en un plazo máximo de tres días después del corte; sin embargo, ahora tarda hasta 22 días en que se realice dicho procedimiento, afectando a la producción y generando pérdidas. La Planta Alco­holera no tiene la capacidad de procesamiento acorde al volumen de producción de los aproximadamente 1.800 pro­ductores censados para ven­der sus productos a la estatal.

“Los cálculos nos dan que tenemos cerca de un 40% de pérdida en el transcurso de la zafra, por falta de pro­cesamiento rápido y capaci­dad. Todo eso conlleva a una pérdida de ambas partes, de lado y de Petropar que no llega a producir lo que debería”, comentó Ortiz.

En la Planta Alcoholera de Mauricio José Troche quedó abandonado el proyecto de construcción de una nueva línea de molienda, plan que había generado mucha expectativa en la población.

El proyecto de construcción de la nueva línea de molienda de caña de azúcar en la Planta Alcoholera de Troche tenía como objetivo acrecentar la producción y, por ende, aumen­tar las ventas de los producto­res de la zona. Esto había gene­rado una gran expectativa en la población guaireña, ya que uno de los mayores ingresos en la zona se da a través de la caña de azúcar.

MILLONES EN PÉRDIDA

Édgar Ortiz explicó que en el gremio son aproximada­mente 1.800 personas, de los cuales el 70% son pequeños productores que no tienen la capacidad de comercializar la cosecha con otra empresa que no sea Petropar, por eso es urgente la construcción del nuevo tren de molienda.

Añadió que en el año, la pro­ducción fue de aproximada­mente 800.000 toneladas, sin embargo, cerca de 300.000 toneladas es todo lo que la planta estatal procesó, gene­rando así un fuerte impacto en la economía de la zona.

Si trasladamos estos núme­ros a guaraníes, primero que nada hay que detallar que actualmente la petro­lera estatal está pagando G. 245.000 la tonelada. Eso quiere decir que en vez de cobrar G. 196.000 millones por la producción de 800.000 toneladas que se produce en la zona de Troche, los cañicul­tores solamente percibieron G. 73.500 millones porque Petropar no puede absorber el 100% de la cosecha.

En conclusión, explicó Ortiz, que la Asociación de Cañi­cultores de Troche dejó de percibir cerca de G. 122.500 millones, afectando a aproxi­madamente 45.000 familias que dependen del trabajo de los productores.

Etapas y plazos fijados en el contrato quedaron solo en papeles, mientras que se llevaron US$ 6 millones por un terraplenado.

Por otra parte, el agremiado también mencionó que el 70% de los censados para vender caña dulce a la Planta Alcoholera de Troche son pequeños productores que tienen de 1 a 5 hectáreas para producir, no tienen la capa­cidad de salir de la zona e ir a vender a otros lugares más alejados, y si lo hacen, sería a pérdida.

Solamente unos 500 pro­ductores tienen la capacidad de buscar nuevos mercados fuera de la zona de produc­ción. Los que salen a buscar nuevos clientes lo hacen a pérdida o en algunos casos empatando, ya que el costo del flete se eleva, deben de invertir más dinero en el cuidado del producto hasta el procesamiento, y ade­más los precios por tonela­das que les ofrecen son más bajos de lo establecido con Petropar.

Es por eso, puntualizó Édgar Ortiz, que es más que urgente y necesario tener un nuevo tren de molienda, tanto para el beneficio económico y social para los pobladores de Mau­ricio José Troche, como para la misma empresa estatal que aumentará su producción.

Por último, es impor­tante recordar que el pro­yecto para la nueva línea de molienda de caña de azú­car debió estar culminado este mes de diciembre, sin embargo, no hay avances en la planta alcoholera de Tro­che. El costo del plan era de US$ 28,7 millones, y la empresa contratista Estruc­tura Ingeniería (EISA) cobró unos US$ 6 millones en concepto de anticipo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.