El borrador del reglamento de la Ley 6007/17 Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados ya cuenta con avances importantes para el otorgamiento de licencias para la producción del cannabis.

Así lo aseguró el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud al retirarse del Palacio de Gobierno indicando que tanto la cartera sanitaria a su cargo así como la Senad, Senave y el Ministerio de Agricultura también ya tienen finiquitado el documento.

En cuanto lo que atañe al MSP, Mazzoleni indicó que la ley contempla el otorgamiento de un porcentaje de la producción de los productos a los pacientes con dolencias específicas por lo que es una situación que debe resolverse cuanto antes.

Adelantó que son cinco las licencias que prevé la ley para el otorgamiento y que están trabajando en definir los criterios para concretar al industrialización del los productos derivados del cannabis.

“Hay inicio de conversación con varios países y el más avanzado es el modelo colombiano y en términos de normativas sí son varios los países de la región y estamos buscando el método ajustado a la trasparencia para hacerlo de la mejor manera”, indicó.

Tras reunir los borradores, Mazzoleni aseguró que se convocará a una audiencia pública para dar participación a todos los sectores afectados de alguna manera con la industrialización de este producto, cerrar los ajustes y trasparentar el proceso.

Recordó que el uso de cannabis medicinal está indicado para el tratamiento de casos concretos como epilepsia refractaria y dolores crónicos que no tienen paliativos con el tratamiento convencional.

“También se estudia aunque con controversia la posibilidad de descontinuar el uso de opioides y reemplazarlos por productos derivados del cannabis, de la familia de la morfina”, señaló atendiendo que existe un grupo numeroso de pacientes que requieren de este tipo de tratamiento.

“Se estableció el mecanismo para prescribir los productos derivados del cannabis”, afirmó.

La ley que había sido sancionada en el 2017 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional entre otros puntos establece que el Estado se compromete a garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de cannabis a toda persona que se incorpore al programa a través del Registro Nacional Obligatorio de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis.

Este punto sigue pendiente de cumplimiento y forma parte del reclamo de al menos 300 familias organizadas en Mama Cultiva Paraguay que llevan adelante el tratamiento por diversas dolencias de niños y adultos con el aceite de cannabis que ellas mimas producen debido al alto costo del producto autorizado y que es comercializado por un laboratorio nacional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.