Pobladores de la compañía Tacuarita de Mbocayaty y guardaparques de la Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzú habían realizado una denuncia en la Fiscalía a mediados del año pasado ante la explotación irregular de una cantera en la zona.

De acuerdo con la acusación, la empresa que estaría detrás sería NGA Emprendimientos, propiedad de Julio David Pérez y Susanne Gabrielle Honig, contra quienes fue abierta una causa penal en el Ministerio Público.

Tras constatar que la firma explotaba la cantera sin autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el fiscal del Medio Ambiente de Villarrica, Erico Ávalos, ordenó la suspensión de los trabajos el 14 de julio del año pasado. Sin embargo, la medida se levantó meses después cuando la empresa presentó la licencia ambiental, que fue expedida recién el 7 de octubre.

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Recientemente, los vecinos de la zona volvieron a denunciar a la empresa, pero en esta oportunidad por el uso de explosivos sin autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), institución responsable de dar el “visto bueno” para la utilización de este tipo de artefactos.

“Tenemos denuncias de que ellos si están o estaban utilizando explosivos (…) Está abierta la investigación penal por incumplimiento de medidas de mitigación. Y hay declaraciones testificales de vecinos de que el explosivo ha provocado grietas en sus casas, eso también vamos a verificar”, indicó Ávalos. Lo mismo ocurre con la autorización del Viceministerio de Minas y Energías.

El representante del Ministerio Público también anticipó que está gestionando una orden de allanamiento debido a que los propietarios de la cantera se negaron a autorizar el ingreso de personal de la Dimabel para una inspección. “Ellos son los que tienen la capacidad para analizar si utilizan o no explosivos. Como no les habilitaron a entrar, entonces la Dimabel solicitó vía Ministerio Público una autorización judicial para ingresar“.

El abogado de NGA Emprendimientos, Rodrigo Cardozo, sostuvo que la empresa ya cuenta con autorización del Viceministerio y de la Dimabel y alegó que los propietarios se negaron a la verificación porque no contaban con una orden escrita. Sin embargo, el fiscal de Medio Ambiente de Villarrica dijo no haber recibido ninguna documentación de la firma.

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Ávalos remarcó que él está abocado a indagar si existen delitos ambientales, siendo el MADES y la Municipalidad de Mbocayaty las instituciones encargadas de exigir el cumplimiento de las normas ambientales y de clausurar la cantera en caso de constatarse irregularidades.

Los pobladores repudian que, a pesar de que la cantera venía siendo exploatada sin autorización ni permisos de Dimabel, los responsables nunca hayan sido imputados por la Fiscalía. Así también, sostienen que la empresa NGA Emprendimientos nunca dejó de operar a pesar de la orden de suspensión.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.