Pobladores de la compañía Tacuarita de Mbocayaty y guardaparques de la Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzú habían realizado una denuncia en la Fiscalía a mediados del año pasado ante la explotación irregular de una cantera en la zona.

De acuerdo con la acusación, la empresa que estaría detrás sería NGA Emprendimientos, propiedad de Julio David Pérez y Susanne Gabrielle Honig, contra quienes fue abierta una causa penal en el Ministerio Público.

Tras constatar que la firma explotaba la cantera sin autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el fiscal del Medio Ambiente de Villarrica, Erico Ávalos, ordenó la suspensión de los trabajos el 14 de julio del año pasado. Sin embargo, la medida se levantó meses después cuando la empresa presentó la licencia ambiental, que fue expedida recién el 7 de octubre.

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Recientemente, los vecinos de la zona volvieron a denunciar a la empresa, pero en esta oportunidad por el uso de explosivos sin autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), institución responsable de dar el “visto bueno” para la utilización de este tipo de artefactos.

“Tenemos denuncias de que ellos si están o estaban utilizando explosivos (…) Está abierta la investigación penal por incumplimiento de medidas de mitigación. Y hay declaraciones testificales de vecinos de que el explosivo ha provocado grietas en sus casas, eso también vamos a verificar”, indicó Ávalos. Lo mismo ocurre con la autorización del Viceministerio de Minas y Energías.

El representante del Ministerio Público también anticipó que está gestionando una orden de allanamiento debido a que los propietarios de la cantera se negaron a autorizar el ingreso de personal de la Dimabel para una inspección. “Ellos son los que tienen la capacidad para analizar si utilizan o no explosivos. Como no les habilitaron a entrar, entonces la Dimabel solicitó vía Ministerio Público una autorización judicial para ingresar“.

El abogado de NGA Emprendimientos, Rodrigo Cardozo, sostuvo que la empresa ya cuenta con autorización del Viceministerio y de la Dimabel y alegó que los propietarios se negaron a la verificación porque no contaban con una orden escrita. Sin embargo, el fiscal de Medio Ambiente de Villarrica dijo no haber recibido ninguna documentación de la firma.

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Ávalos remarcó que él está abocado a indagar si existen delitos ambientales, siendo el MADES y la Municipalidad de Mbocayaty las instituciones encargadas de exigir el cumplimiento de las normas ambientales y de clausurar la cantera en caso de constatarse irregularidades.

Los pobladores repudian que, a pesar de que la cantera venía siendo exploatada sin autorización ni permisos de Dimabel, los responsables nunca hayan sido imputados por la Fiscalía. Así también, sostienen que la empresa NGA Emprendimientos nunca dejó de operar a pesar de la orden de suspensión.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.