El MUVH realizó capacitaciones a varias autoridades electas en octubre del 2021, posteriormente municipios de Ciudad del Este, Areguá, Pilar y Luque solicitaron dicha capacitación a raíz del crecimiento poblacional de sus zonas, por lo que les urge contar con un Plan de Urbanismo que les ayude a mejorar calidad de vida a sus habitantes, a través de acciones políticas, ambientales y sociales, entre otras.

Esta serie de talleres comenzaron a desarrollarse primeramente en municipios del Departamento Central, en la que los 21 de los que lo componen, recibieron información sobre el urbanismo y su importancia para dar continuidad a las prácticas de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana.

Para el mes de febrero se prevé para los departamentos de Cordillera y Paraguarí, y así sucesivamente ir recorrerán dos departamentos por mes de manera llegar a los 260 municipios del territorio nacional.

En estos encuentros, el MUVH hace entrega de materiales sobre Urbanismo y Planificación, además de una base de datos de profesionales formados en arquitectura, urbanismo y otras disciplinas que intervienen en el “hacer ciudad”, vista a la necesidad de que cada Municipio cuente con un equipo técnico altamente capacitado en el tema.

La iniciativa surgió del equipo del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat del MUVH, a partir de la necesidad de compartir estos conocimientos con los nuevos intendentes y concejales con el objetivo de fortalecer las Políticas de Estado que apunten al Desarrollo Sostenible de las ciudades y del país.

El viceministro Jorge Bosch, explicó que, en esta primera etapa la capacitación va dirigida a los intendentes y concejales electos recientemente y posteriormente se extenderá a los técnicos de cada municipio.

“Los arquitectos urbanistas serían los encargados de llevar adelante los programas de planificación urbana, por lo tanto, cada municipio debería contar técnicos especializados en su equipo”, mencionó. Para la segunda etapa de capacitaciones, el viceministerio proyecta la elaboración de un nuevo manual de desarrollo urbano.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, el Municipio es el encargado de la Planificación local a través de instrumentos tales como el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) y el Plan de Desarrollo Sustentable (PDS), considerando las buenas prácticas a nivel nacional e internacional que beneficien a los todos los habitantes y al medio ambiente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.