Laura Montiel, presidenta de la comisión que se organizó para acceder a las viviendas sociales, denunció a HOY Digital que presentaron todos los documentos para que, a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), se financie parte del costo de 300 viviendas sociales destinadas a familias de escasos recursos.

Recordó que hubo un llamado para el Departamento de Itapúa y, siguiendo todos los pasos del proceso, fueron adjudicados con 10 hectáreas en San Antonio Ypecuru donde se construirán viviendas con áreas verdes, plaza, entre otras comodidades. El terreno cuenta con todos los servicios básicos, ideal para iniciar una vida nueva, fuera de la pobreza.

La misma Municipalidad de Encarnación había declarado al proyecto de interés municipal y los miembros de la comisión presentaron los planos aprobados, los estudios topográficos, entre otros requisitos solicitados por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).

Sin embargo, en la Municipalidad de Encarnación se encontraron con una dura realidad ya que el intendente Luis Yd, según denunció, no concede el documento para que se pueda realizar el correspondiente estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para -posteriormente- iniciar la construcción de las viviendas.

Montiel explicó que si la Municipalidad no aprueba este año, el presupuesto volverá a la Senavitat y nunca podrán acceder a sus viviendas ya que el proyecto se perderá por no tener fuente de financiación. “Nuestro miedo es quedarnos sin vivienda. Esto no se puede perder. La plata ya no vuelve. No sé si es un capricho político o personal porque él (Yd) es una persona que no necesita y nunca necesitó”, sostuvo.

Agregó que la idea de que en Encarnación no existe déficit de viviendas porque todo está cubierto por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es mentira. “Es una zona muy vulnerable. La gente que vive en Encarnación necesita esta clase de proyectos”, expresó.

Dijo que recurren a la prensa asuncena porque en Encarnación existe una denominada “Asociación de Periodistas del Sur” que evitan publicar este hecho ya que, según expresó, el intendente Yd les prometió ser beneficiados con el proyecto a cambio de su silencio.

“Hay gente que vendió todo para tener su vivienda. Con qué cara y con qué corazón les vamos a decir que el intendente no nos quiso dar”, concluyó Montiel.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.