El tema central de la homilía de la fecha fue la voluntad de Dios de atender al pobre. En ese sentido, la autoridad religiosa señaló que Paraguay produce y exporta millones de toneladas de alimentos al mundo, pero hay más de 400 mil paraguayos que pasan hambre, según las estadísticas oficiales. “Eso no está conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos suficientes alimentos para alimentar al mundo, es un escándalo moral que cientos de miles de pobres extremos no puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación”, indicó.

También se refirió a la sequía en el Chaco, a las comunidades indígenas olvidadas por las autoridades, la problemática de la tenencia y propiedad de la tierra, con la migración forzada y atropello a los derechos de los nativos, además del exilio de cientos de compatriotas que salen a buscar un mejor futuro.

Martínez recordó que, según los datos oficiales, 1 de cada 4 paraguayo está en situación de pobreza, lo que significa que no puede cubrir sus necesidades básicas. Señaló que “la pobreza desnuda que demasiados hermanos están privados de las condiciones necesarias para una vida digna a la que tienen derecho como hijos de Dios y como ciudadanos paraguayos. La dignidad de la persona humana es uno de los pilares de la Constitución Nacional y es uno de los principios de la Enseñanza Social de la Iglesia; por consiguiente, respetarla y promoverla es de cumplimiento obligatorio para quienes administran los recursos del Estado y son responsables de las políticas públicas necesarias para superar esta situación, que nos pone fuera de la Voluntad del Padre”.

En otro momento resaltó que las cárceles están pobladas de jóvenes que, por falta de oportunidades, de estudio, de empleo, de recreación sana, sin un horizonte de esperanza, sin una familia ni una comunidad que los contenga y los proteja, terminan refugiándose en el consumo de drogas, que los destruye y los condena al descarte. Ahondó que en la cadena del tráfico de drogas, que beneficia y enriquece a unos pocos, generalmente vinculados con el crimen organizado, las principales víctimas son los niños y jóvenes drogodependientes. Para ellos y para otros pobres, las cárceles se convierten en simples depósitos de seres humanos, sin ninguna posibilidad de recuperación y reinserción a la sociedad. Esta situación contradice la Voluntad de Dios y reclama atención urgente de los órganos públicos responsables.

La situación de los enfermos y sus familias en el Paraguay es dramática. Según datos de expertos en el tema sanitario, casi el 50 por ciento de los gastos de salud lo pagan los propios enfermos y sus familiares. Cuestionó el religioso que los hospitales carecen de infraestructura, de personal de blanco en suficiente cantidad y calidad, así como de insumos básicos. Esto implica que los enfermos y sus familias, en muchos casos, padecen un calvario para atender sus necesidades de salud. Frente a las carencias y falta de respuesta de los responsables públicos, se ha normalizado que los problemas de salud se buscan resolver por medio de la solidaridad de vecinos y amigos, a través de diversas actividades de recaudación (rifas, polladas, hamburgueseadas).

Finalmente destacó que un desafío y una gran tarea nacional, sin distinción de credo, sector social o partido político, es el saneamiento moral de la nación. “Recuperar la ética y la moral como principios rectores de nuestra conducta individual y social es el camino para encarar las profundas transformaciones que necesita el Paraguay”, expuso.

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En respuesta al legislador Eduardo Nakayama, quien llamó a “hacer el vacío” en caso de que el oficialismo proponga a colorados para cubrir las vacancias de contralor y subcontralor, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, recordó la situación judicial de los últimos elegidos de la oposición.

“De los últimos cinco contralores impulsados por la oposición, tres afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, resaltó.

Daniel Fretes Ventre (PLRA, 1995-2000): condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una “máquina de lavar dinero”.

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Óscar Rubén Velázquez Gadea (UNACE/PLRA, 2010-2015): condenado a 4 años de cárcel (confirmado por Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso “Secretaria VIP”.

José Enrique García Ávalos (Tercer Espacio, 2016-2019): condenado en 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a un subordinado (caso Ivesur). Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado.

“No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, opinó Núñez.

Para el titular del Congreso, estos antecedentes recientes hacen que la institución pierda credibilidad; por lo tanto, se necesita un proceso de selección transparente, meritocrático y libre de colores.

El desconocimiento ciudadano y la improvisación de algunos uniformados convierten los controles en verdaderos dolores de cabeza, a pesar de que cada paso está rígidamente regulado en los papeles.

¿CÓMO DEBEN SER LAS BARRERAS POLICIALES?

La normativa paraguaya es clara, según la Resolución Nro. 1195/12 de la Comandancia de la Policía Nacional y el Código Procesal Penal, estos operativos no pueden realizarse de forma arbitraria y deben cumplir con protocolos específicos.

- Toda barrera debe ser comunicada al Ministerio Público con al menos seis horas de anticipación.

- El reglamento exige una estructura de al menos siete efectivos policiales, incluyendo un Oficial Superior como jefe de servicio, personal del orden y seguridad, y técnicos civiles.

- Para garantizar la seguridad de los conductores, la barrera debe ubicarse en lugares visibles y contar con elementos de señalización como conos reflectivos, patrulleras con balizas encendidas y luces si es de noche. El uso de silbatos y mangas reflectivas también es obligatorio para guiar el tránsito de forma segura.

EL TRATO AL CIUDADANO Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

Al momento de detener un vehículo, el personal encargado del registro debe aproximarse con cautela y saludar con cortesía. El ciudadano tiene el deber de exhibir los siguientes documentos:

- Cédula de Identidad o Pasaporte.

- Documentos del vehículo.

- Licencia de conducir.

¿CUÁNDO PUEDEN REVISAR EL INTERIOR DEL VEHÍCULO?

Una de las dudas más frecuentes es sobre la inspección dentro del auto o del maletero. La ley establece que la Policía podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan “motivos suficientes” para suponer que la persona oculta objetos relacionados a un hecho punible. La inspección no debe ser arbitraria. En caso de realizarse, debe hacerse en presencia de la persona responsable del vehículo y respetando la dignidad humana.

EL USO DE LA FUERZA: EL ÚLTIMO RECURSO.

El actuar policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad. El uso de la fuerza es el último recurso, tras agotar instancias de solución pacífica.

El Manual de Uso de la Fuerza prohíbe ciertas acciones en las barreras:

• Disparar hacia o desde vehículos en movimiento, salvo que exista un peligro inminente para la vida.
• Manejar armas de fuego fuera de las finalidades autorizadas por ley.
• Someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

DERECHOS DEL INTERVENIDO.

El ciudadano tiene derecho a que su integridad física y psíquica sean protegidas por el Estado, cualquier procedimiento que no se ajuste a esto queda estrictamente prohibido.

El gremio campesino convoca a dos jornadas de protestas previstas para mañana y el miércoles para presentar las siguientes reivindicaciones:

Respuesta inmediata del Estado ante el abandono del campo

Socialización de los beneficios de los proyectos productivos

No a la politización de la asistencia social

Transparencia y criterios justos para el acceso a programas y apoyos

Los organizadores estiman la participación de 500 a 600 personas, con representantes de Caazapá, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Itapúa, San Pedro y otros departamentos.

“Nos vamos a ir a hablar con ellos porque no cumplen los compromisos asumidos, son puras promesas”, comentó Fabio Aguirre, secretario del la CTUC, entrevistado por la 650 AM.

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Este martes los voceros hablarán a las 7:00 de la mañana frente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Independencia Nacional esquina Manuel Domínguez), donde intentarán conversar con el ministro. Posteriormente se dirigirán a la sede del Indert (Tacuary), luego al Ministerio de Agricultura (Yegros) y, por último, al Ministerio de Educación y Ciencias (15 de Agosto) . En cada institución dejarán sus reclamos.

Aseguró que no cuentan con el financiamiento de ningún grupo político y que estuvieron trabajando durante los últimos seis meses para cubrir los costos por sus propios medios. Entre las actividades hechas mencionó: venta de huevos de gallinas, sorteos, bingos, polladas y otros eventos.

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