Primero el líder religioso se refirió al rol de los laicos en la Iglesia y en ese sentido resaltó la necesidad de una profunda conversión y renovación eclesial y pastoral, además de la falta de un real protagonismo y reconocimiento del papel de los laicos en la Iglesia y en la sociedad.

“Es débil el compromiso social y político de los laicos porque en las estructuras de la Iglesia se ha puesto mucho énfasis y esfuerzo en la catequesis y en la liturgia, pero dejando postergado el rico pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia”, argumentó.

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En otro momento resaltó que una herida abierta es el escándalo de abusos de menores y de personas vulnerables en el ámbito de las instituciones eclesiales. “El Magisterio y las orientaciones del Papa Francisco nos llevan a plantearnos seriamente que 3 las parroquias, las escuelas, universidades, y los organismos bajo la responsabilidad de la Iglesia sean espacios seguros para evitar todo tipo de abusos, incluyendo el abuso de poder, que es causa de otros muchos abusos”, dijo.

No obstante, destacó el trabajo abnegado de los obispos, sacerdotes, personas de vida consagrada y de miles de laicos, quienes están en las parroquias o congregaciones que cuidan de enfermos, ancianos, niños con severas discapacidades, hogares de recuperación de las drogas, comedores comunitarios, entre otros. También es destacable, según remarcó, la presencia activa de obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos y agentes de pastoral que asisten y acompañan los derechos humanos de las comunidades indígenas y de sectores campesinos en sus legítimas aspiraciones y reclamos por la propiedad de la tierra; así como por la atención y promoción humana de los presos en las cárceles, de los migrantes, entre otros.

En otro momento se refirió a la situación de los jóvenes y mencionó que el bono demográfico es una riqueza del Paraguay, una oportunidad única e irrepetible, que requiere políticas públicas que apunten a su formación integral para que se constituyan en factor que aporta al desarrollo del país.

“La educación es la clave. Pero una educación de calidad que piense no sólo en términos de formación técnica, que es muy importante, sino sobre todo en la formación en valores que forjen personalidades sanas de corazón, con gran sentido de la responsabilidad y de la ética. Debemos pensar juntos, sin exclusiones, sobre un proyecto educativo integral. La Iglesia acompañará y apoyará una propuesta educativa que contemple los valores que ayuden a la formación integral de la persona humana”, insistió.

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En cuanto a la situación nacional, el cardenal señaló que la corrupción y la impunidad son realidades estructurales en el Paraguay, y que la Iglesia se ha ocupado permanentemente de denunciarlas y de proponer orientaciones para superarlas. Sin embargo, dijo que no sólo hemos avanzado poco, sino que en muchos aspectos hemos retrocedido y la situación se ha agravado con la aparición y afianzamiento del crimen organizado (narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, diversos tipos de tráficos, que incluiría el tráfico de personas, entre otras actividades ilícitas), y del poder político como herramienta para el enriquecimiento ilícito.

“Instituciones, personas y hechos concretos han sido señalados y, en algunos casos, han mostrado crudamente cómo operan a favor de actores y sectores del crimen organizado. El sentido ético de la decencia, la honorabilidad, la compasión, la empatía, son valores que están ausentes de la conciencia y de la conducta de quienes, como cristianos católicos, o como ciudadanos de bien, desde sus cargos de responsabilidad pública o privada, deberían ser promotores del bien común al servicio de la dignidad de la persona humana”.

TIEMPOS ELECTORALES

Finalmente recordó que estamos en tiempos electorales y que abundan las promesas de mejores oportunidades, de un país distinto. “Los católicos son mayoría entre los electores. Deben participar, no quedarse en casa mirando desde el balcón y ver pasivamente cómo la corrupción y la impunidad están destruyendo la nación, privando de vida digna a nuestro pueblo”, esgrimió.

Agregó: “Por eso les decimos que es necesario ver y evaluar el testimonio de vida pública y privada de los candidatos. Dice el Santo Padre que no podemos juzgar la conciencia de los políticos, pero sí sus acciones u omisiones. Si un candidato ofrece dinero o prebendas a cambio del voto, es un signo muy claro de que no es confiable. Permítanme aludir a un pensamiento que dice: el que paga para ocupar un cargo público, paga para privilegiar sus propios intereses y no los intereses del país. No merece nuestro voto, porque desde el cargo no se ocupará del bien común. El voto debe ser libre, consciente y responsable. No hipotequemos nuestro futuro por prebendas. No nos dejemos presionar ni extorsionar. No nos 6 dejemos robar la esperanza en una vida más digna y más plena para nosotros y para las generaciones futuras. En este sentido, exhortamos a la ciudadanía que siga con atención no solo el discurso o la propuesta de los que se presentan para acceder a los cargos electivos, sino sobre todo que se fijen en sus acciones, en sus antecedentes en su vida pública y privada, en las posibles fuentes de financiación de su campaña electoral, en los grupos que integran, en las personas de las que se rodean. En definitiva, que se fijen en su conducta, en la coherencia entre lo que dice y lo que hace”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.