Andre Vega publicó a través de su cuenta de Facebook una mala experiencia que le tocó vivir luego de haber cargado combustible de mala calidad en una estación de servicio del emblema Petrobras, ubicada sobre la Avda. Félix Bogado y Campo Vía, en inmediaciones del Hiper Luisito.

En entrevista con la 970 AM, comentó que el viernes en horas de la noche fue a cargar combustible a su vehículo, específicamente del tipo “Nafta Especial” de 92 octanos. Transcurridos algunos minutos de haber realizado la carga, su automóvil empezó a tener problemas en el motor y paró repentinamente en medio de la calle sin motivo aparente.

“Le tuve que llamar al mecánico para que venga a auxiliarme, llevamos esa misma noche el coche al taller para que me de un diagnóstico. Una vez sacado el combustible de la bomba del motor nos dimos cuenta que el combustible no era normal”, manifestó.

Tras el incidente, este cliente decidió volver a la estación de servicio para realizar el reclamo a los administradores y formalizar su queja por la mala calidad del combustible suministrado, cosa que finalmente no pudo hacer: “Directamente me dijeron que no estaba nadie a cargo en ese momento y que regrese en unos días”.

Vega relató que luego de haber radicado la denuncia correspondiente en la comisaría de la zona, decidió regresar nuevamente el día lunes. Según denunció, la administradora, identificada como Mary, desde el primer momento lo trató de “ignorante” por el reclamo que estaba haciendo. “Me presentó los resultados laboratoriales de su combustible diciéndome que estaba todo bien, aunque prestando atención me doy cuenta que, según el decreto del MIC, el combustible tenía que ser amarillo, pero el que me cargaron a mí era naranja y aparte tenía agua”, mencionó.

Según detalló en su relato en Facebook, el combustible no tenía octanaje, no era aceitoso, no se evaporaba y tenía olor a quitaesmalte para uñas, además que estaba diluido en agua o algún tipo de solvente, lo cual impidió que el motor de su rodado funcione con normalidad.

Finalmente, los responsables de la estación de servicio no se responsabilizaron del hecho e hicieron caso omiso a su reclamo. Por ello, decidió acudir a otras instancias y efectuar la denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Dirección General de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Vega mencionó que, a diferencia de los administradores del lugar, representantes de Petrobras Paraguay sí se comunicaron con él para explicarle que dicha estación trabaja con operadores tercerizados pero que de igual forma buscarán una solución en un plazo de 72 horas.

VERSIÓN DE LA SEDECO TRAS DENUNCIA

Juan Vicente Talavera, secretario general de SEDECO, en contacto con la misma emisora radial señaló que luego de recibir la denuncia, la institución procedió a cumplir con el trámite de rigor que consiste en remitir la denuncia en un plazo de 5 días para que la estación de servicio haga su descargo correspondiente.

Si se soluciona el inconveniente, o en su defecto pasará a la siguiente instancia que es la de la denuncia formal en la que el denunciante asume la obligación de que su reclamo sea comprobable. En ese caso se convoca a una audiencia conciliadora con los encargados de la estación de servicio.

Si se llegara a comprobar que efectivamente el combustible es de mala calidad, se podría sancionar a los responsables del mencionado lugar, indicó Talavera. “La sanción generalmente es reparadora, si el vehículo tuvo daños tienen que hacerse cargo, y también reponer el costo del producto. Así también podría ser sancionado económicamente”, afirmó.

El secretario general de SEDECO confirmó que en el primer trimestre del año han recepcionado alrededor de 25 denuncias por este tipo de casos que guardan relación con combustible de mala calidad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.