La Itaipú Binacional realiza un concurso para incorporar a 220 personas en su plantel de trabajadores por vía del Proceso Selectivo Externo (PSE). Esta cifra representa el 40% del total de empleados que forman parte de la central hidroeléctrica. Lo que comenzó como una buena iniciativa para dar trabajo a la ciudadanía, terminó siendo blanco de muchos cuestionamientos por el aparente direccionamiento que se estaría efectuando, ya que los requisitos para ciertos cargos coinciden a la perfección con los conocimientos y formaciones de algunas personas ligadas a la entidad y a sus autoridades.

Además de los dudosos requisitos de los cargos en concurso, aparentemente preparados para los amigos de la casa, se suma que el Reglamento General de Proceso Selectivo Externo de Recursos Humanos fue modificado por la Itaipú el 28 de febrero de 2023.

En el nuevo reglamento se eliminó la posibilidad de que aprendices o pasantes de Itaipú puedan participar del proceso de selección, como así también a los empleados de la entidad que pretendían concursar a un cargo que implique cambio de carrera.

Lo trascendental de esta disposición indebidamente eliminada, era dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Carrera y Remuneración por Competencias – PCR, el cual fue aprobado en 2013 y está vigente para los empleados de carrera de la Itaipú desde el 2014. Allí se establece que el cambio de carrera de un empleado solo es posible mediante un Proceso Selectivo Externo.

El objetivo por detrás de esta maniobra de eliminación de la norma sería tratar de forzar que algunos empleados con “padrinos” accedan indebidamente a un cambio de carrera (por ejemplo pasar de Asistente Administrativo a algún cargo de Profesional Universitario) sin participar del Proceso Selectivo Externo como exige el Plan de Carrera. Para este efecto, a finales del 2022, de manera unilateral el director paraguayo de Itaipú modificó este Plan para que los empleados profesionales encuadrados en los niveles de soporte puedan pasar a ocupar otros cargos, sin contar con el acuerdo del lado brasileño, tal como estipulaba la norma.

Otra modificación hecha para este concurso de Itaipú fue que prácticamente quede sin efecto el puntaje mínimo de 70 puntos de 100 del examen de conocimiento, para ser habilitado a la siguiente etapa del proceso selectivo. Se dispuso que si ninguno llega al mínimo, se considerarán los tres mejores puntuados. Con esta alteración, si los mejores puntajes fueran 30, 35 y 40 puntos, que representan un aplazo en la universidad, de igual manera estos postulantes podrán pasar a la siguiente fase de la evaluación.

También resulta llamativo que entre los cambios introducidos figura la incorporación en la mesa de evaluación para la entrevista profesional de un representante de la Asesoría de Compliance (dependiente del Directorio), que en la práctica tendría como finalidad blanquear las eventuales decisiones que sean adoptadas por los evaluadores de Recursos Humanos, en atención a que este proceso de por sí ya es auditado por un representante de la Auditoría Interna, por lo que no requiere de la presencia de otro delegado del director de la binacional.

Cambio hecho a las reglas en Itaipú.

Asimismo se incluyó en el nuevo reglamento que los órganos de control interno de Itaipú supervisen, fiscalicen y acompañen el proceso de elaboración, aplicación y corrección de los exámenes de conocimientos generales y específicos, que está a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNA. Esto resulta peligroso, ya que la presencia de funcionarios de la binacional puede ocasionar la fuga de información de los exámenes e influir en la corrección de los mismos para favorecer a sus allegados que se postulan.

También a estos órganos de control se les facultó la posibilidad de decisión sobre los aspectos que no están previstos en el reglamento, potestad que anteriormente solo recaía sobre la figura del Director Administrativo Ejecutivo, por lo que existe la fuerte sospecha de que esta ampliación sería también para blanquear las decisiones que se adopten durante el concurso.

Otra inclusión al proceso de selección es la posibilidad de que un postulante no sea eliminado cuando justifique con certificado médico su ausencia en los exámenes, lo cual se prestaría a maniobras de fraude en el proceso de selección.

Modificación del plan de carrera de Itaipú.

MALESTAR EN EL GOBIERNO ELECTO

A raíz de los cuestionamientos que existen por la aparente cocinada en Itaipú, existiría un malestar en el Gobierno electo, ya que, según trascendió, las autoridades que asumirán en agosto próximo hicieron reclamos a las actuales, pero estas se negaron a rever el proceso cuyo principal articulador es el cues­tionado director de Respon­sabilidad Social Empresarial de Itaipú, Gerardo Soria.

Mientras el concurso se realiza en Paraguay bajo hermetismo excusándose en la binacionalidad de la institución, en el lado brasileño se acostumbra a hacer los exámenes a nivel federal, con amplia competencia, mostrando las etapas del proceso y los puntajes de los postulantes.

Ante esto, el nuevo equipo electo debe sentarse a trabajar de manera urgente para evitar que se aseste un último golpe, y el Gobierno saliente debe tener cordura y frenar este festival de cargos aparentemente a la medida.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.