Tras la elección presidencial se pasó a la etapa de la transición, un tiempo de importancia estratégica tanto para el gobierno saliente como el entrante. En el caso del equipo que deja la conducción del país, se da la tradicional práctica de impulsar licitaciones a las apuradas, muchas veces sin considerar las implicancias que estas podrían tener en la siguiente administración.

Una muestra del carnaval de licitaciones es lo que ocurre en el MADES, cuya autoridad pretende comprometer la suma total de 16.890.563.270 guaraníes (2.342.629 dólares al cambio actual) en las compras que están en la fase de la planificación y que están previstas a lanzarse entre los próximos meses.

De acuerdo con el Programa Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, aprobado a finales de febrero por el ministro Ariel Oviedo, son 21 las licitaciones que se realizarán entre los meses de mayo y septiembre, por la mencionada suma de dinero.

En el documento se incluyen los rubros de pasajes, mantenimiento de maquinarias, de muebles, de equipos de transporte, reparaciones de edificios, servicios de limpieza, de fumigación, digitalización de documentos, soporte técnico de data center, seguro médico, seguridad privada, entre otros.

Para avanzar con estos procesos licitatorios, la unidad operativa de contrataciones de la institución ya remitió algunos pliegos de bases y condiciones para la aprobación de la máxima autoridad del Mades, tal como el ID 426.163 para la extensión de soporte de fabricante de equipos críticos y soporte técnico del data center, cuyo programa inicial sufrió modificaciones, pasando de los G 2.124.144.000 que estaban estipulados a los G 2.300.000.000, registrando así un aumento de casi G 180 millones.

Así también entre los pliegos de bases y condiciones remitidos para su aprobación se encuentra el ID 426.160 para el mantenimiento de vehículos, con un monto presupuestado de G 800.000.000.

En la actualidad no existen herramientas legales que permitan parar las actuales compras públicas que realizan las instituciones del Estado de manera apurada. La carencia de una normativa que regule este proceso hace que esta práctica se repita en cada transición de Gobierno, según reconoció Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, cuya institución solo puede intervenir en caso de detectar irregularidades en estas licitaciones.

Si bien el país no puede parar durante la transición, todo lo que se realice en este periodo debe hacerse mediante un acuerdo político con el equipo entrante, de modo a garantizar que todo se realice en el marco de la ley y que no repercuta negativamente en los proyectos y presupuestos del siguiente gobierno que ingresará en agosto próximo.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.