La ministra Carolina Llanes en su voto que fue avalado por la camarista Gloria Benítez, quien integró la Sala Penal, señala que todas las causas prescriben cuando transcurre el doble de la pena, como en el caso de Camilo Soares y Alfredo Guachiré el delito era lesión de confianza y que tiene una expectativa de pena de 5 años y al haber transcurrido ya 10 años, cabía la figura de la prescripción. Por esta razón es que ella y la camarista votaron a favor de sobreseer a estos dos condenados en dos instancias.

Mientras tanto el ministro Alberto Martínez Simón, quien votó en disidencia al hacer un relato de su postura, recuerda a su colega Llanes que en un caso similar ella votó de manera diferente.

En el expediente “Noemi Alliana Báez s/estafa, el 18 de noviembre de 2020 ella rechazó un pedido de prescripción de este proceso. En esa ocasión Llanes confirmó la resolución de la jueza Alicia Pedrozo, quien había rechazado un pedido de prescripción porque hubo una “circunstancia objetivamente insuperable”, que fue que el expediente estuvo 4 años y 11 días en la Sala Constitucional.

En este caso la ministra Carolina Llanes, dijo que ese tiempo en que el expediente estuvo en Corte el plazo no corrió, pero la misma magistrada “olvido” que el caso de Soares y Guachiré, estuvo en poder de la entonces ministra Miryam Peña por dos años, cuando ésta el día en que iba a iniciarse el juicio para los procesados, pidió el expediente y los “cajoneo”.

En el caso de Noemi Alliana, también el expediente fue “cajoneado” por la Corte como el de Soares y Guachiré, pero Llanes aplicó criterios totalmente opuestos en ambos casos con solo un año de diferencia entre ambas posturas.

También el ministro Martínez Simón, le recuerdo a su colega que un Tribunal de Sentencia y una Cámara de Apelación, ya había resuelto el caso de la prescripción en el presente expediente y que utilizaron el procedimiento de los plazo muertos, que no es otra cosa que ir descontando el tiempo que los procesados chicanean para evitar el avance del proceso. Es más le vuelve a citar algunos casos emblemáticos como el de la “niñera de oro”, Banco Nacional de Fomento y otros en los que no se les dio el beneficio de la prescripción justamente por las dilaciones que fueron presentando para evitar el progreso de las investigaciones. Pero nada de eso hizo cambiar el voto de Carolina Llanes, quien ya tenía definido que iba a beneficiar a Soares y Guachiré por encima incluso de su misma postura en un caso anterior.

Es visible que Carolina Llanes, obra de acuerdo a la cara del cliente para emitir sus posturas judiciales y las maquilla citando artículos y leyes, que las manipula a su antojo.

El ministro Martínez Simón, con su voto en disidencia no sólo dejó en claro su postura, sino que dejó en evidencia a su colega quien abrió el carnaval de las prescripciones. Ahora todos los procesados que tengan causas penales ya sea por el delito que fuese van a recurrir a chicanas, ayudas judiciales o padrinos políticos, para ir frenando sus causas y llegar a la prescripción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.