En la mañana de este lunes se llevó a cabo una reunión entre autoridades del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La convocatoria tuvo como principal finalidad analizar la situación actual en materia penitenciaria, en el marco de la emergencia penitenciaria que había sido declarada hace unos meses atrás por el Gobierno.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en conferencia de prensa expresó su preocupación en relación a la cantidad de personas privadas de libertad que actualmente se encuentran sin condena, situación que contribuye enormemente al hacinamiento en las cárceles del país.

En vista a este panorama, desde dicha cartera han propuesto una serie de acciones con el fin de intentar reducir la población penitenciaria. Una de ellas es identificar a las personas privadas de libertad sin asistencia jurídica, así como continuar con la implementación del sistema informático SIPPy y la revisión de oficio de las medidas cautelares.

De igual manera, también se contempla la unificación de criterios de aplicación previstos en el Código de Ejecución Penal y la instalación de oficinas permanentes de los Juzgados de Ejecución Penal.

Este plan fue elaborado teniendo en cuenta que la sobrepoblación en las penitenciarías dificulta el acceso a los servicios básicos, las actividades recreativas y los servicios sociales, lo cual propicia a que se genere mayor violencia y exista más riesgo de incidentes.

Pérez adelantó que se buscará determinar cuáles son los hechos punibles que mayor ingreso generan en el sistema penitenciario y poder analizar los parámetros de la prisión preventiva y el aumento de ciertos hechos punibles por región.

Revisando ciertos números estadísticos se analizará si la modificación del Artículo 245 del Código Procesal Penal surtió el efecto que se esperaba y el por qué del nuevo aumento de la población penitenciaria, indicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.