En la mañana de este martes se concretó una reunión entre diversas autoridades en la Comisaría 24° de San Antonio para evaluar las acciones a ser implementadas luego del incidente registrado en la madrugada del domingo.

Cabe recordar que en aquella oportunidad, alrededor de 200 jóvenes que participaban de carreras clandestinas a bordo de sus motocicletas casi matan a golpes a un automovilista que atropelló a uno de los “corredores”.

La principal decisión adoptada es la de reforzar los controles sobre la ruta Acceso Sur, principalmente en la jurisdicción de la ciudad de San Antonio, a fin de evitar que este tipo de actividades sigan realizándose de manera ilegal. Esto involucrará tanto a la Patrulla Caminera como a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

El fiscal Ricardo Merlo aseguró que a partir de ahora se hará un fuerte control y un trabajo de prevención muy importante, así como también “se va a ser implacable con el cumplimiento de la ley” en caso de detectarse infracciones.

Por su parte, su colega Cynthia Torres indicó que ya se inició una investigación fiscal luego de la agresión sufrida por el conductor del automóvil, identificado como Miguel Ángel Bracho Acosta, quien recibió varios golpes en el cuerpo tras aquel episodio.

Respecto a este punto, la misma refirió que la víctima aún no pudo declarar ante la Fiscalía debido a que sigue recuperándose en su domicilio. Se espera que, una vez esté en condiciones, pueda brindar su versión sobre lo ocurrido este fin de semana.

Actualmente ya existe un pedido para acceder a cámaras de seguridad de la zona, de manera a poder verificar las filmaciones y así tratar de corroborar los detalles de la brutal agresión.

Torres también mencionó que se buscará hablar con los líderes de este grupo de motociclistas para saber si es que quieren seguir con estas carreras “de manera deportiva” y, de ser así, que lo hagan en los espacios correspondientes, esto a fin de no exponer a terceras personas ni tampoco impedir el libre tránsito.

Hasta el momento fueron identificadas dos de las personas que estuvieron involucradas en la golpiza, según la representante del Ministerio Público.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.