A esa primera misiva, fechada el 23 de abril, le siguieron otras hasta el 18 de agosto, en las que la legisladora expuso propuestas sanitarias, educativas o económicas al mandatario, recopiladas en el libro “Cartas a Marito o la sordera del Estado burocrático”, que se presentará el lunes 2 de noviembre.

“Lo que pretende es colaborar con un disparador de debate y somos conscientes de que el Paraguay pospandemia no puede continuar de la misma manera que hoy está visionado y concebido”, comentó González en una entrevista telefónica con Efe.

En la carta de abril, la diputada del PEN compartió a Abdo Benítez “un nuevo modelo de salud pública”, basado en el uruguayo, para reformar el actual, “atomizado y dividido en compartimentos estancos”, con el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS) y los consejos locales de salud, que generan “un sistema de absoluta descoordinación”.

A medida que avanzaba la pandemia y quedaban en evidencia las carencias del Estado, González fue abordando nuevos temas en sus misivas, con “propuestas a corto, mediano y largo plazo” a modo de “una hoja de ruta” que el país debería seguir.

González sabe que su carta “más polémica” y la que “va a generar mayor rechazo en la clase política” cuando se publique el libro es la quinta, en la que alude a “municipalidades y gobernaciones ante un nuevo paradigma”.

“Hablamos de refuncionalizar el poder municipal, de eliminar las gobernaciones, de reformar absolutamente y tener una mirada estratégica y geopolítica de lo que es nuestro territorio. Hoy estamos repartiendo el país en feudos, en lotes para caciques políticos, no así para beneficio de la ciudadanía”, denunció.

LA “SOBERBIA” DEL PRESIDENTE A pesar de la insistencia, González sigue sin recibir respuestas de Abdo Benítez.

“No ha contestado a ninguna y tampoco ha generado ningún tipo de reacción, ni siquiera de funcionarios de menor rango que se ocupen de ese tema”, aseguró.

La diputada reconoció que inició esta correspondencia con la “expectativa” de que el presidente se pronunciara, ya que “la democracia esté ejercida por los tres Poderes del Estado”, en coordinación, equilibrio y recíproco control, según la Constitución.

“Si hablamos de ese postulado constitucional, la soberbia en la respuesta de Mario Abdo Benítez, porque finalmente el silencio es una respuesta, es increíblemente inaceptable en un Estado democrático”, zanjó.

Aunque ese intento de establecer un diálogo interinstitucional se convirtió en un monólogo epistolar, González se ve como “la gota que perfora la piedra no por su fuerza sino por su constancia” y anunció que habrá “Cartas a Marito volumen 2”.

En esta segunda parte, tratará otras cuestiones que preocupan al país como la renegociación en 2023 del Tratado de Itaipú, la represa compartida por Paraguay y Brasil, la reforma agraria, las obras públicas o el funcionamiento de empresas estatales.

EMBESTIDA AUTORITARIA Durante los meses de pandemia y cuarentena, González ha advertido un “retroceso grave en las libertades”, amenazadas por “una embestida autoritaria muy peligrosa, un neofascismo en los tres poderes del Estado”.

La diputada enumeró algunos casos, como las “imputaciones y un tratamiento absolutamente selectivo” de la Justicia o las “tropelías” y “robos de dinero público en pandemia” por parte del Poder Ejecutivo, con “licitaciones amañadas” en la compra de material médico.

Pero su mayor preocupación está en el Congreso, en concreto en la Cámara Baja, donde sus colegas suspendieron por 60 días a la diputada Celeste Amarilla, del opositor Partido Liberal, por cuestionar la procedencia del dinero con el que los legisladores consiguen sus escaños.

“En el Legislativo vimos algo que ni siquiera (Alfredo) Stroessner (dictador de Paraguay entre 1954 y 1989) se animó a censurar, la opinión de un parlamentario (Amarilla) que habla de narcopolítica y de dinero sucio”, denunció González.

PROTESTA Y PROPUESTAS Pese a lo que considera una “atropello de las mayorías autoritarias”, la diputada mantiene la esperanza en la transformación del país, desde “un gran diálogo social y de un aporte colectivo”.

Un consenso que asuma “diez compromisos innegociables” por y para Paraguay, por encima de partidos políticos, colores y Gobiernos.

En su lista de prioridades, encabeza el decálogo la renegociación del Tratado de Itaipú, con los ingresos que podría representar para Paraguay y permitirle dar “un salto cualitativo” en servicios sociales e infraestructuras.

“Hoy es un Paraguay sin agua, es un Paraguay sin luz, es un Paraguay sin carreteras… Es un Paraguay que realmente tiene todo para ser un pequeño ejemplo en Latinoamérica, pero, sin embargo, debido a la voracidad de los políticos ha quedado en el atraso”, lamentó.

González, abogada de profesión y activista antes de entrar en el Congreso, se ve “aportando en esa transformación” pero, por el momento, no está “trabajando en un ningún proyecto presidencial”.

“La posibilidad de una candidatura presidencial no me quita el sueño ni el tiempo”, dijo para acallar a los que ven en ella una figura presidenciable.

De cara a futuras elecciones, la diputada instó a sus compatriotas a dejar de convertir “a los partidos políticos en religiones” y votar por partidos que aporten “reflexiones” y “propuestas”.

“La protesta y la denuncia es superimportante, es nuestra obligación, pero más importante aún son las propuestas que podamos sacar”, concluyó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.