“Muchos critican la labor, pero los hechos y las cifras del Gobierno no se pueden refutar”, declaró el mandatario, que presentó la entrega de viviendas sociales, los avances en materia de transparencia, la inversión histórica en obras, la asistencia social y la renovación del sistema de transporte público como sus principales logros.

En su informe, Cartes reveló que la contratación de operadores políticos le costó al Estado más de 2.500 millones de dólares que deberían haber sido invertidos en obras y servicios públicos, destacando la creación de herramientas de control para frenar la corrupción en los entes públicos.

“En los 10 años anteriores, nuestro país sufrió de contratación descontrolada de funcionarios públicos para consolidar estructuras electorales con presupuesto del Estado. Más de 81.000 funcionarios públicos fueron contratados, con un aumento de casi el 65 % de las contrataciones, la mayoría operadores politicos. Este carnaval de corrupción hizo crecer el costo del salario de 490 a casi 3.000 millones de dólares en 10 años. El sobreocosto de casi 2.500 millones de dólares fue un robo descarado a varias generaciones de paraguayos”, criticó.

En este sentido, el mandatario mencionó que no solo se frenó la contratación de personal sino que se redujo el número de funcionarios públicos, para ahorrar dinero al Estado y aumentar las inversiones sociales.

En este periodo se entregaron casi 13.000 viviendas sociales y son 9.000 las soluciones habitaciones que están en construcción; estas cifras revelan que los programas habitaciones aumentaron en un 60 %, pues anteriormente se entregaba un promedio de 1.690 casas por año.

Igualmente se duplicó el número de personas beneficiadas con programas sociales. “Logramos sacar a las personas del asistencialismo ofreciéndoles trabajos dignos. Hay más del doble de las familias beneficiadas por programas sociales, que alcanzan a 310.000 familias”, detalló.

Cartes sostuvo que el ahorro en las binacionales Itaipú y Yacyretá también permitieron que aumente la inversión en servicios, equipamiento de hospitales, construcción de viviendas adicionales y demás.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.