Este trascendental informe, “Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales”, advierte que esta crisis de derechos humanos tiene consecuencias profundas para las sociedades, las mujeres y las niñas y la salud mundial. Más del 60 por ciento de los embarazos no intencionales terminan en aborto, y se estima que el 45 por ciento de todos los abortos son inseguros y producen el 13 por ciento de todas las muertes maternas, una situación que tiene importantes repercusiones en la capacidad del mundo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se espera que la guerra en Ucrania y otros conflictos y crisis alrededor del mundo produzcan un incremento en el número de embarazos no intencionales, a medida que el acceso a la anticoncepción se vea interrumpido y la violencia sexual aumente.

A escala mundial, se estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos, y en aquellos casos en los que existen datos disponibles, casi una cuarta parte de todas las mujeres no pueden oponerse a tener relaciones sexuales. Una variedad de otros factores clave también contribuye a los embarazos no intencionales, entre ellos:

• La falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva.
• Opciones anticonceptivas inadecuadas para los cuerpos o circunstancias de las mujeres.
• Normas perjudiciales y estigma alrededor del control por parte de las mujeres de su fecundidad y sus cuerpos.
• La violencia sexual y la coerción reproductiva.
• Actitudes prejuiciosas o humillación en los servicios de salud.
• La pobreza y el estancamiento del desarrollo económico.
• La desigualdad de género.

Todos estos factores reflejan la presión impuesta por las sociedades sobre las mujeres y las niñas para que se conviertan en madres. Un embarazo no intencional no necesariamente es un fracaso personal, y se puede deber a la falta de autonomía permitida por la sociedad o al valor que se da a las vidas de las mujeres.

En Paraguay

En Paraguay, cuando analizamos la situación de los embarazos no intencionales, debemos detenernos en tres grupos con mayor necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos: adolescentes; mujeres indígenas y mujeres de niveles socioeconómicos más desfavorecidos.

El acceso a información y a anticonceptivos no solo contribuye al ejercicio del derecho a la planificación familiar, sino reduce en un 30% la mortalidad materna y en un 20 % la mortalidad infantil.

La necesidad insatisfecha está vinculada a las desigualdades. Consecuentemente en estos grupos de mujeres la mortalidad materna, la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil es más alta.

En nuestro país el derecho a la planificación familiar es un derecho constitucional y actualmente se cuenta con una canasta básica de métodos anticonceptivos modernos en los servicios públicos de salud a la que se puede acceder de manera gratuita para que adolescentes y mujeres puedan ejercer este derecho. Sin embargo, aún el ejercicio real de este derecho necesita fortalecerse.

“Cuando hablamos del impacto económico relacionado a los embarazos no intencionales en adolescentes, esto se traduce en un costo de 768 mil millones de guaraníes al año. Con estos recursos podrían construirse y equiparse 14 establecimientos de salud como el Hospital Materno Infantil de San Pablo o construir 239 kilómetros de rutas asfaltadas”, expresó la doctora Adriane Salinas Bomfim, Oficial de Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA en Paraguay. Los datos corresponden al informe “Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Paraguay” – MILENA 1.0, que estima el impacto económico y social del embarazo y de la maternidad adolescente en los años 2017 y 2018.

En Paraguay, el embarazo adolescente genera pérdidas anuales de más de 703 mil millones de guaraníes (alrededor de 125 millones de dólares) en la actividad productiva de las mujeres y de 64 mil millones de guaraníes (alrededor de 11,5 millones de dólares) para el Estado.

La responsabilidad de actuar

El informe muestra la facilidad con la que los derechos más elementales de las mujeres y las niñas son relegados a un segundo plano en tiempos de paz y en medio de una guerra. Insta a los tomadores de decisiones y a los sistemas de salud a priorizar la prevención de los embarazos no intencionales por medio de acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad, aceptabilidad, calidad y variedad de la anticoncepción, y a ampliar de manera considerable la información y los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.

Urge a los encargados de formular políticas, líderes comunitarios y todas las personas a empoderar a las mujeres y las niñas de modo que puedan tomar decisiones afirmativas sobre las relaciones sexuales, la anticoncepción y la maternidad, aparte de fomentar sociedades que reconozcan el valor total de las mujeres y las niñas. Si lo hacen, las mujeres y las niñas podrán contribuir plenamente a la sociedad y contarán con las herramientas, la información y el poder para tomar esta decisión fundamental –la de tener hijos o no– por sí solas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.