En el año 2015 se decretó su arresto domiciliario de Nicolas Leoz en Paraguay, mientras la justicia analizaba su extradición a pedido de los Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos por soborno y asociación criminal.

En el 2016, Leoz logró concretar beneficiosos acuerdos con el banco Atlas, con el principal objetivo de blindar el dinero y evitar que sean objeto de embargo. Los negocios con el banco Atlas se dieron mientras Leoz se encontraba procesado judicialmente.

El 18 de mayo pasado, La Caja Negra reveló el resultado de una auditoría de carácter confidencial y documentos que demuestran el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para lavar parte del dinero desviado por Nicolas Leoz.

El banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo.

En fecha 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.

En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del año 2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público sobre ls operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz.

El 12 de julio pasado, ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento a la dependencia del BCP por parte del juez Humberto Otazú. El magistrado argumentó de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

A la fecha, la Fiscalía paraguaya avanza en la investigación por supuesto lavado de dinero contra los directivos del banco Atlas, propiedad de familia Zuccolillo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.