El abogado Milner Núñez, defensor de Sandra Solís quien está acusada de ser la responsable del manoseo a la menor en la sede del Centro Familiar de Adoración (CFA) en Zeballos Cué, en contacto con nuestra redacción aseguró que el día de ayer tanto él como los demás abogados del caso no tuvieron ningún tipo de contacto con la madre y, por consiguiente, tampoco con la niña de 3 años.

“Nosotros no hablamos con la señora y menos con la víctima en ningún momento”, comentó, al tiempo de negar que le hayan sacado fotos o realizado filmaciones a la menor como había manifestado en un principio la madre.

Asimismo, explicó que ayer se realizó un anticipo jurisdiccional de pruebas en la Oficina Forense del séptimo piso del Poder Judicial, específicamente una pericia médico-dental a la menor de 3 años que había sido manoseada para determinar la veracidad de la mordida que sufrió.

Dos médicos forenses realizaron una inspección en la boca de la menor y concluyeron que “no existe una impronta dentaria en la víctima”, por lo tanto, se da a entender no existe ninguna mordida, según relató el abogado.

Núñez reiteró la inocencia de su defendida y sostuvo que ella no es la culpable del hecho, el cual considera como “algo bastante grave que se debe investigar para determinar quién es el o la responsable”.

En lo que se refiere a la acusación realizada por la madre, quien comentó que el pastor Emilio Abreu le había ofrecido la suma de G. 20 millones para retirar su denuncia, Núñez dijo no creer en que realmente haya ocurrido y aseguró que el grupo de abogados ni siquiera tiene algún tipo de trato con él y no lo conocen personalmente.

Manifestó que existen ciertas inconsistencias en el caso ya que cada tanto van surgiendo datos que anteriormente no habían sido mencionados. “Con cada persona que va declarando, van saltando nuevos hechos, nuevas circunstancias no contempladas en su momento por la Fiscalía que tuvo a su cargo investigar el caso”, expresó.

Sobre el mismo punto, dijo que de acuerdo a la declaración de la médica que revisó a la menor, el día en que se habría realizado el manoseo no coincide con la fecha de la denuncia original (20 de mayo), además de que la mordida recién fue denunciada el 1 de junio y no antes, apareció 11 días después del supuesto hecho.

La principal acusada, Sandra Solís, actualmente cumple con un arresto domiciliario y a la espera de una resolución definitiva sobre esta caso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.