En su voto Martínez Simón señala que los recurrentes Camilo Soares y Alfredo Guachiré, exponen como agravios principales cuestiones formales, como el plazo de la prescripción y en cuestiones de fondo, como la calificación jurídica del hecho. En ese sentido el ministro apunta que se puede observar claramente que en esencia los temas planteados por los recurrentes han sido amplia y profundamente debatidos ya en dos instancias previas (Tribunal de Sentencia y Cámara de Apelación).

Mientras que la Dra. Carolina Llanes en su apuro por blanquear y mandar al archivo el caso de los “coquitos de oro” pasó por alto que el Tribunal de Sentencia el primer día del juicio oral para Soares y Guachiré, rechazó el planteamiento de prescripción y sobreseimiento definitivo alegando que los acusados se pasaron chicaneando el proceso y aplicaron los plazos muertos, para descontar el tiempo que el expediente no estuvo en el juzgado.

El Tribunal de Sentencia puso como fecha de prescripción de los hechos de la presente causa el 24 de agosto de 2024. Eso fue apelado y confirmado por la Cámara. Este punto es el que el Dr. Martínez Simón le recuerda a su colega y le apunta que es un hecho ya juzgado, pero Llanes se fue por las ramas en su fallo y se inclinó por la impunidad.

El ministro Alberto Martínez Simón también le recordó a la Dra. Llanes en su fallo que: “La Sala Penal ha mantenido el criterio de forma constante y uniforme que sostiene que la esfera de la casación es excepcional, de interpretación restrictiva y no equivale a una instancia ordinaria de estudio de decisiones judiciales. Ésta no es una vía para cuestionar interpretaciones o valoraciones realizadas por otros magistrados judiciales, si dichas tareas, como en el presente caso, se encuadran dentro de parámetros razonables que impidan calificarlas de arbitrarias y no se demuestra contradicción con fallos anteriores”.

En fallos anteriores la Sala Penal declaró inadmisible recursos de casación que tenían la intención de extender el debate sobre el fondo del asunto a una suerte de tercera instancia, contrariamente a la naturaleza extraordinaria de la casación, también le recuerda el ministro a su colega, quien hizo totalmente lo contrario, ya que convirtió a la Corte en una tercera instancia en este caso en particular para favorecer a los condenados.

Luego el Dr. Martínez Simón le recordó con ejemplos a su colega como obra la Sala Penal en otros casos donde se recurre por la vía de la casación para solicitar prescripción de casos y en algunos de los procesos la misma Carolina Llanes votó de manera contraria a la que hizo ahora con el caso de los “coquitos de oro”.

En breves párrafos el ministro Alberto Martínez Simón, en forma tácita dejó en evidencia a su colega Carolina Llanes y su proceder a favor de la impunidad. De esta manera pese a que Soares y Guachiré fueron condenados por lesión de confianza en dos instancias, ahora el caso queda sin castigo y lo peor el daño económico que sufrió el Estado nunca será resarcido.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.