El jurista español Aitor Martínez Jiménez, de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICP), en entrevista con Radio Ñanduti celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver a los once campesinos e indicó que después de 6 años de lucha “por fin la justicia se ha abierto camino”.

A su criterio, ésta era “la única salida posible” para el caso, sobre todo atendiendo a las que definió como “aberraciones judiciales” que habrían sido cometidas a lo largo del proceso judicial.

“Más tarde o más temprano, ya sea en primera o segunda instancia o en casación, este caso se tenía que caer porque no había por dónde sostenerlo”, afirmó Martínez Jiménez a la 1020 AM.

El letrado manifestó que desde el primer momento se pudo observar que se trató de una cuestión política debido a que fue la principal causal del juicio político al expresidente Fernando Lugo en el año 2012. Además, considera que ya se había contaminado desde el mismo día en el que retiraron a la fiscal original del caso y se lo dieron unilateralmente a Jalil Rachid.

Sostuvo que con la condena se logró dañar la imagen y la honorabilidad de los 11 campesinos que habían sido acusados y condenados por el caso Curuguaty, sobre todo por los años en los que estuvieron privados de su libertad. “Espero que ahora la justicia paraguaya indemnice a estas personas por las gravísimas irregularidades que se han cometido contra ellos”, agregó.

A su criterio, se le concedió el caso a Jalil Rachid “para que dibujara una investigación” que tenía por objetivo “cerrar la causa penal de acuerdo a cómo se había cerrado el juicio político”. Asimismo, cuestionó la actuación del citado fiscal por todas las irregularidades y desprolijidades que fueron cometidas a lo largo del proceso. “Creo que con un poco de humildad debería entonar un mea culpa y salir a pedir perdón por lo que ha hecho”, manifestó el abogado español.

El mismo afirmó que aún existe impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en aquel operativo que tuvo lugar en junio del año 2012 en una finca perteneciente a la firma Campos Morombí S.A. y pidió que el Poder Judicial investigue a los jueces que estuvieron en las anteriores instancias para dilucidar si es que incurrieron o no en un prevaricato.

Un equipo dirigido por el abogado Aitor Martínez Jiménez había presentado en octubre del año 2012 una pormenorizada investigación sobre la masacre en Curuguaty. El informe, a través de diversas pruebas y argumentaciones técnicas, desacreditaba la acusación del Ministerio Público.

Este jurista español, junto a los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, llegó a presentar en marzo de 2014 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que, entre otras cosas, exigía al Estado paraguayo investigar las detenciones arbitrarias y las presuntas torturas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.