El abogado Pablo Aguayo, defensor de la acusada Lucía Agüero, había presentado en la sesión del miércoles un pedido de recusación contra el pleno del tribunal al considerar como “parcialidad” que los jueces se expresaran en lengua castellana, pese a que la lengua materna de los acusados en el proceso es el guaraní, predominante en regiones rurales del país.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá resolvió hoy no hacer lugar a este pedido de recusación, según informó Azuaga.

El defensor señaló que “es llamativa la celeridad” con la que la Cámara se pronunció con respecto del pedido de recusación, y opinó que “la Justicia está recibiendo presiones para que se dé continuidad al proceso”.

El abogado reiteró además que “se han detectado muchas irregularidades” en la investigación del caso, como la “falta de declaración de testigos claves” en el proceso.

En este sentido, se refirió a la muerte el pasado 14 de agosto del oficial de policía Marcos Agüero, después de que sufriera un accidente el helicóptero que pilotaba durante un patrullaje en la ciudad de Limpio, en el Gran Asunción.

“Este accidente fue muy misterioso. Agüero era uno de los testigos principales del caso Curuguaty, que estuvo presente en el momento de los hechos también a bordo de un helicóptero, pero sin embargo nunca fue citado a declarar”, aseguró Azuaga.

Por su parte, el activista y defensor de los Derechos Humanos Martín Almada, dijo que el juicio a los campesinos acusados por la masacre no debería haber comenzado sin esclarecer la titularidad de las tierras.

El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

“¿Cómo pueden acusar (a los campesinos) de invasión de inmueble ajeno si el terreno es propiedad del Estado?”, se interrogó Almada, conocido por haber hallado en Paraguay los Archivos del Terror que documentan la coordinación de la represión entre las dictaduras del Cono Sur en el llamado Plan Cóndor.

La matanza de Curuguaty ocurrió durante un violento desalojo en dichas tierras en junio de 2012 que unos campesinos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria, y dejó 11 agricultores y 6 policías muertos.

El hecho desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.

El evento convulsionó la vida política del país y dejó a Paraguay aislado diplomáticamente en la región, al ser suspendido durante un año de las organizaciones Mercosur y Unasur.

Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos durante el tiroteo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.